Por Elvin Castillo
He seguido con atención todo el debate que se ha generado con la entrada de la empresa vietnamita Viettel al mercado dominicano de las telecomunicaciones y, mientras más leo y escucho las explicaciones oficiales, más convencido estoy de que estamos cometiendo un error al querer separar la legalidad del proceso de sus implicaciones geopolíticas.
Para mí ambas cosas tienen que discutirse juntas.
No basta con determinar si la licitación fue legal, transparente y cumplió todos los procedimientos establecidos. Tratándose de una decisión que involucra telecomunicaciones, que no son un bien comercial cualquiera, sino infraestructura crítica y neurálgica para la seguridad nacional, y una empresa propiedad de un Estado extranjero, también había que preguntarse qué implicaciones geopolíticas podía tener para República Dominicana.
Y ese es precisamente el centro de mi preocupación.
Hasta ahora no tengo elementos para decir que la licitación haya sido irregular ni mucho menos ilegal. El presidente del INDOTEL, Guido Gómez Mazara, ha defendido públicamente el proceso, ha explicado que se cumplieron los procedimientos correspondientes y que la llegada de Viettel permitirá introducir más competencia en un mercado altamente concentrado.
El propio presidente Luis Abinader también ha hablado de las bondades que podría traer esta nueva competencia, sobre todo en términos de precios, calidad del servicio y opciones para los consumidores.
Y hasta ahí todo luce razonable.
Porque nadie puede estar en contra de que haya más competencia. Durante años los dominicanos hemos escuchado las mismas quejas sobre precios, servicios y falta de opciones en el mercado de las telecomunicaciones. Si llega una empresa nueva, invierte, compite, mejora la calidad y obliga a los demás a bajar precios, bienvenido sea.
Pero una decisión de Estado no puede medirse únicamente por sus beneficios económicos inmediatos. También hay que mirar quién llega, de dónde viene, qué representa y, sobre todo, en qué contexto internacional estamos tomando la decisión.
Y ahí es donde entra Viettel.
Viettel no es una compañía privada cualquiera que decidió instalarse en República Dominicana. Es una empresa propiedad del Estado vietnamita y vinculada directamente al Ministerio de Defensa de ese país. Ese detalle cambia la conversación.
No estoy diciendo que Viettel venga a espiar a los dominicanos ni que exista alguna operación oscura detrás de su llegada. No tengo pruebas de eso y sería irresponsable afirmarlo. Pero tampoco hay que ser científico de la NASA para entender que una empresa estatal vinculada al aparato militar de un país comunista, entrando a manejar una infraestructura de telecomunicaciones tan sensible, inevitablemente iba a generar preguntas.
Era previsible. Y más todavía en un momento en el que Estados Unidos y China mantienen una batalla económica, tecnológica y geopolítica cada vez más fuerte.
Aquí también hay que decir algo con claridad. Vietnam no es China. Tiene sus diferencias históricas con Beijing, sus propios intereses y una política exterior bastante pragmática. Pero tampoco podemos hacernos los locos. Vietnam mantiene una importante relación económica con China y su ecosistema tecnológico tiene vínculos comerciales con empresas de ese país.
Por eso la discusión no puede terminar preguntándonos si Viettel cumplió los requisitos de una licitación. La pregunta completa debería ser:
¿La entrada de Viettel se hizo legalmente y, al mismo tiempo, fue conveniente para los intereses estratégicos de República Dominicana?
Porque cumplir con la ley era obligatorio. Pero gobernar implica algo más que cumplir procedimientos. También significa medir consecuencias. No basta con poder hacerlo; también hay que preguntarse si conviene hacerlo.
Y aquí está, para mí, el punto central.
La posible torpeza no está necesariamente en haber permitido la entrada de Viettel. Está en haber tomado una decisión de esta dimensión sin prever, si efectivamente no se hizo, que por la naturaleza de la empresa, por el sector estratégico al que entra y por el momento geopolítico que vive el mundo, inevitablemente iba a generar ruido y cuestionamientos en nuestra relación con Estados Unidos.
No hace falta que mañana Washington anuncie un arancel, una sanción o envíe una nota diplomática para preguntarnos si la decisión fue acertada. La política exterior también consiste en anticipar reacciones, evitar problemas innecesarios y saber escoger las batallas que realmente vale la pena librar.
Porque al final la pregunta no es si República Dominicana podía hacerlo. Claro que podía. La pregunta es si necesitaba hacerlo de esta manera, con esta empresa y en este momento.
República Dominicana es un país soberano y tenemos todo el derecho del mundo a decidir quién invierte aquí y quién no. Estados Unidos no tiene derecho a determinar con cuáles países o empresas República Dominicana puede hacer negocios.
Pero reconocer eso tampoco significa vivir de espaldas a nuestra realidad.
Nuestra relación con Estados Unidos no es una relación cualquiera. Millones de dominicanos viven allá. Desde Estados Unidos llega la inmensa mayoría de nuestras remesas. Es nuestro principal socio comercial, una parte importante de la inversión extranjera está vinculada a ese mercado y nuestro turismo tiene una enorme dependencia de Estados Unidos. Nos guste o no, esa relación pesa. Y pesa mucho.
Reconocerlo no es entreguismo: es entender nuestra realidad. Defender nuestra soberanía tampoco significa actuar como si la geografía, la economía y nuestros intereses estratégicos no existieran. Un país serio no tiene que escoger entre soberanía y pragmatismo; tiene que ejercer la primera con suficiente inteligencia para proteger lo segundo.
Estados Unidos no tiene derecho a decidir quién invierte en República Dominicana. Pero República Dominicana sí tiene la obligación de calcular qué consecuencias pueden tener sus decisiones frente a su principal socio económico y estratégico. Eso no es subordinación. Eso es política exterior.
Por eso me sorprenden ciertos discursos de nacionalismo repentino dependiendo del tema que se esté discutiendo. Porque para unas cosas somos los más soberanos del Caribe, pero para otras bajamos la cabeza sin hacer demasiadas preguntas.
Hay que ser coherentes. No podemos ser nacionalistas cuando nos conviene y entreguistas cuando también nos conviene. La defensa del interés nacional debe servir para todo.
Y tenemos un antecedente demasiado reciente como para olvidarlo.
En 2018, durante el gobierno de Danilo Medina, República Dominicana rompió relaciones diplomáticas con Taiwán y estableció relaciones con la República Popular China. Aquella fue una decisión soberana. También se habló de comercio, inversiones, oportunidades y apertura de nuevos mercados. Pero meses después Estados Unidos llamó a consultas a sus representantes diplomáticos en República Dominicana, Panamá y El Salvador precisamente por las decisiones de esos países de dejar de reconocer a Taiwán.
El mensaje fue bastante claro, y no había que ser experto en relaciones internacionales para entenderlo. Ese antecedente debería enseñarnos algo: una decisión puede ser soberana, legal e incluso económicamente atractiva y, aun así, provocar consecuencias geopolíticas.
Por eso me cuesta entender que algunos quieran cerrar esta discusión diciendo simplemente que la licitación cumplió con la ley.
Perfecto. ¿Pero quién ha dicho que ese es el único tema?
Importa que la licitación haya sido transparente, que se hayan cumplido los requisitos y que la propuesta económica haya sido buena. Pero también importa quién es Viettel, que pertenece al Estado vietnamita, su vinculación con el Ministerio de Defensa, el sector estratégico al que está entrando, nuestra relación con Estados Unidos y el momento geopolítico en el que todo esto ocurre.
Todo forma parte de la misma discusión. Y por eso todavía hay preguntas que merecen respuestas:
* ¿Se midieron todas las consecuencias y se evaluaron todos los escenarios posibles?
* ¿Se habló con la prudencia necesaria con nuestros principales socios estratégicos antes de culminar el proceso?
* ¿Se valoró lo que significa permitir la entrada de una empresa vinculada al aparato de defensa extranjero a un sector de seguridad nacional?
* ¿Se pensó únicamente en competencia y precios, o también en diplomacia y relaciones internacionales?
Quiero creer que sí. Quiero pensar que el Gobierno dominicano hizo todas esas evaluaciones, que habló con quien tenía que hablar, que estableció las garantías necesarias y que llegó a la conclusión de que la entrada de Viettel no representa ningún riesgo para los intereses estratégicos de República Dominicana.
Ojalá sea así.
Porque si Viettel llega, invierte, mejora el servicio, crea empleos, aumenta la competencia y ayuda a bajar los precios sin generar problemas diplomáticos, económicos ni de seguridad, habrá que reconocer que las autoridades tenían razón. Y seré el primero en hacerlo.
Pero tampoco podemos caer en la ingenuidad de pensar que una decisión de esta naturaleza pasa completamente desapercibida en Washington, mucho menos en el contexto geopolítico actual.
No estoy diciendo que Estados Unidos vaya a imponer sanciones ni que mañana aparecerán aranceles contra el país; eso sería especular. Lo que digo es mucho más sencillo: había razones suficientes para saber desde el principio que esta decisión iba a ser observada con especial atención.
La legalidad no cierra esta discusión. Tal vez fue legal. Tal vez fue transparente. Tal vez fue una excelente licitación. Pero todavía falta saber si fue una decisión políticamente inteligente.
Y esa respuesta no la tendremos hoy.
Ojalá me equivoque. Ojalá dentro de unos meses podamos mirar hacia atrás y comprobar que las autoridades dominicanas calcularon correctamente cada movimiento, que las preocupaciones fueron exageradas y que Viettel terminó beneficiando al consumidor dominicano sin producir consecuencias mayores. Seré el primero en reconocerlo.
Pero la geopolítica tiene una particularidad: muchas veces la factura no llega el mismo día en que se toma la decisión.
Por eso prefiero esperar y recordar aquella conocida máxima de la diplomacia: en geopolítica no existen las decisiones aisladas, solo las consecuencias en cadena.
El tiempo determinará quién tenía razón. Porque nunca he cuestionado que lo de Viettel pueda haber sido legal. Mi duda es otra:
¿Fue geopolíticamente inteligente?
