@abrilpenaabreu
Envejecer no debería significar perder derechos, autonomía ni calidad de vida. Sin embargo, para demasiadas personas mayores en República Dominicana, cumplir años implica comenzar a pagar más por la salud, encontrar menos opciones de aseguramiento, desplazarse por ciudades hostiles y depender de la buena voluntad ajena para recibir beneficios que, en teoría, ya están reconocidos por la ley.
Nuestro país tiene una Ley de Protección de la Persona Envejeciente desde 1998. También cuenta con el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, programas sociales, pensiones solidarias y disposiciones que reconocen derechos relacionados con la salud, la vivienda, el empleo, la recreación y el trato preferencial. El problema no es la ausencia absoluta de normas. El problema es la enorme distancia entre lo escrito y la vida cotidiana.
La mejor demostración está en los descuentos previstos para determinados servicios. ¿Cómo se supone que una mujer de 75 años obtiene una rebaja en un carro público? ¿Debe mostrarle un carnet al conductor y explicarle la ley? ¿Qué ocurre cuando este se niega? No existe una tarjeta electrónica que aplique automáticamente el beneficio, un sistema de compensación para los transportistas ni un mecanismo sencillo de reclamación.
El Estado termina colocando sobre la persona envejeciente la responsabilidad de hacer cumplir su propio derecho. Debe conocer la norma, conseguir el carnet, presentarlo, pedir el descuento y, en ocasiones, discutir para recibirlo. Esa no es una política pública eficiente. Es una declaración de buenas intenciones con una ejecución precaria.
Lo mismo sucede en otros ámbitos. Un beneficio desconocido por la población, ignorado por muchos prestadores de servicios y difícil de reclamar no puede presentarse como una protección plenamente efectiva. Hasta el propio CONAPE ha reconocido la necesidad de difundir una ley que, décadas después de su aprobación, continúa siendo poco conocida.
Pero el problema es mucho más profundo que unos descuentos. La vejez es precisamente la etapa en la que aumentan las necesidades médicas. No obstante, numerosas personas llegan a ella y descubren que acceder a un seguro privado amplio resulta más difícil o más costoso. Las consultas, los estudios diagnósticos, los medicamentos, la rehabilitación, el cuidado domiciliario y las terapias pueden consumir buena parte de los ingresos de una familia.
No resulta razonable que el sistema reduzca las opciones justamente cuando más se necesitan. La protección sanitaria de los adultos mayores no puede descansar casi exclusivamente sobre la capacidad económica de sus hijos ni sobre soluciones familiares improvisadas.
Tampoco hemos desarrollado una red suficiente de servicios especializados. Hay pocos geriatras, escasez de profesionales capacitados para trabajar integralmente con esta población y una oferta limitada de actividad física adaptada, rehabilitación, acompañamiento emocional y recreación asequible.
Una persona mayor no solo necesita medicamentos. Necesita conservar fuerza muscular, equilibrio, movilidad, memoria, vínculos sociales y sentido de propósito. Necesita parques transitables, aceras seguras, transporte accesible, actividades culturales y espacios comunitarios donde pueda relacionarse sin tener que pagar precios prohibitivos.
En República Dominicana hablamos de los envejecientes principalmente desde la asistencia y la vulnerabilidad. Los vemos como personas que deben recibir alimentos, pensiones o atención cuando ya se encuentran en condiciones críticas. Esa ayuda es necesaria, pero resulta insuficiente.
Una política moderna debe comenzar mucho antes de la dependencia. Debe ayudar a que las personas envejezcan activas, saludables e independientes durante el mayor tiempo posible. Prevenir una caída, conservar la movilidad o evitar el aislamiento puede resultar mucho menos costoso que financiar posteriormente hospitalizaciones, institucionalización y cuidados permanentes.
Además, la población dominicana está envejeciendo. Según la Oficina Nacional de Estadística, las personas de 60 años o más representaban el 13.2 % de la población en 2022, frente al 4.5 % registrado en 1935. La institución proyecta que el índice de envejecimiento superará hacia 2031 el umbral que marca la entrada del país en una etapa de envejecimiento alto.
Esto significa que no estamos hablando de un asunto marginal ni lejano. La demanda de atención médica, pensiones, cuidados, viviendas adaptadas y servicios especializados aumentará de manera sostenida. Lo que hoy padecen nuestras madres y nuestros abuelos puede convertirse mañana en una crisis social mucho mayor.
República Dominicana necesita actualizar la Ley 352-98 y, sobre todo, crear mecanismos reales para ejecutarla. Los descuentos no deberían depender de una discusión individual. Podrían incorporarse a una tarjeta única vinculada a la cédula, aplicarse automáticamente en el transporte y registrarse en los sistemas de facturación de los establecimientos obligados a concederlos.
También debemos avanzar hacia una cobertura de salud que no castigue la edad, programas municipales de envejecimiento activo, incentivos para la formación de geriatras y cuidadores, centros comunitarios accesibles, rehabilitación preventiva, alfabetización digital, turismo social y ayudas para adaptar las viviendas.
Las pensiones solidarias constituyen un apoyo importante para quienes carecen de recursos, pero no sustituyen una política integral. La legislación dominicana reconoce este beneficio para personas mayores en situación de vulnerabilidad, y en años recientes se han incorporado nuevos beneficiarios. Aun así, una pensión por sí sola no resuelve la falta de atención especializada, movilidad, integración social o protección frente a los elevados costos de la dependencia.
No se trata de presentar a todos los adultos mayores como personas indefensas. Muchos continúan trabajando, emprendiendo, cuidando familiares, transmitiendo conocimientos y contribuyendo activamente al país. Precisamente por eso debemos abandonar una mirada que los reduce a receptores de caridad.
Una sociedad inteligente aprovecha su experiencia y crea condiciones para que sigan participando. Una sociedad indiferente los vuelve invisibles y solo reacciona cuando la enfermedad, el abandono o la pobreza ya se han instalado.
La manera en que tratamos a las personas mayores revela el tipo de país que estamos construyendo. No basta con llamarlas “nuestros viejitos”, felicitarlas en fechas especiales o cederles ocasionalmente un asiento. El respeto debe convertirse en seguros adecuados, ciudades accesibles, atención especializada y derechos que puedan ejercerse sin humillaciones.
Envejecer no debería ser un castigo en República Dominicana. Pero mientras llegar a esa etapa signifique pagar más, recibir menos y tener que mendigar beneficios reconocidos legalmente, no podremos afirmar que somos un país amigable con sus envejecientes. Todos, con suerte, llegaremos allí, la política que diseñemos hoy para ellos será la realidad que encontraremos mañana.
