Por Wilson Pérez
La indignación que hoy embarga a la sociedad dominicana por la muerte de un ciudadano a manos de un miembro de la Policía Nacional es legítima y comprensible.
Toda vida humana merece respeto y, cuando un agente se aparta de la ley, de los protocolos y de los principios que rigen la función policial, debe responder con todo el peso de la justicia. Eso fue precisamente lo que ocurrió en este caso: el responsable fue separado de la institución y puesto de inmediato a disposición del Ministerio Público.
Sin embargo, convertir la responsabilidad penal individual en una responsabilidad automática del director general de la Policía Nacional constituye un grave error institucional y jurídico.
La Policía Nacional es una institución organizada bajo un sistema jerárquico, disciplinado y con una cadena de mando claramente definida, donde cada miembro responde personalmente por sus actos. Ningún director general, por más eficiente, íntegro o comprometido que sea, puede ejercer vigilancia directa sobre cada una de las actuaciones de miles de hombres y mujeres desplegados en todo el territorio nacional.
La función del director general consiste en definir la estrategia institucional, fortalecer los mecanismos de supervisión, impulsar la capacitación, garantizar la disciplina y adoptar medidas correctivas cuando un miembro viola la ley. Precisamente eso fue lo que ocurrió: el agente fue separado de la institución y sometido a la justicia sin contemplaciones.
Mi opinión se sustenta en más de tres décadas de experiencia policial y en el conocimiento de modelos policiales internacionales. En los sistemas democráticos modernos, la responsabilidad del jefe de una institución no surge automáticamente por el delito cometido por un subordinado. La responsabilidad del mando aparece cuando existe tolerancia, encubrimiento, negligencia grave o un patrón reiterado de violaciones que evidencie una falla estructural del liderazgo. Esa es la doctrina aplicada en numerosos sistemas de justicia y de control policial.
Exigir la destitución del director general cada vez que un miembro decide actuar al margen de la ley enviaría un mensaje peligroso para cualquier institución uniformada. Significaría que el liderazgo dependería de las decisiones individuales de miles de personas sobre las cuales ningún jefe puede ejercer un control absoluto. Las instituciones no se fortalecen debilitando permanentemente su mando; se fortalecen sancionando con firmeza al infractor, corrigiendo las deficiencias y perfeccionando sus mecanismos de supervisión.
Debemos defender con firmeza los derechos humanos, porque una Policía respetuosa de la dignidad humana es indispensable para una sociedad democrática. Pero también debemos recordar que la convivencia exige un equilibrio entre derechos y deberes. No podemos permitir abusos policiales, pero tampoco debemos debilitar a la institución llamada a garantizar la seguridad de millones de ciudadanos frente a una delincuencia cada vez más organizada.
Conozco desde mi juventud al mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz como un hombre serio, disciplinado, de carácter y comprometido con el fortalecimiento institucional. Su trayectoria demuestra vocación de servicio, respeto por la disciplina y apego a los principios que deben regir una institución policial moderna.
Los procesos de transformación requieren liderazgo, estabilidad y respaldo social. No se puede exigir responsabilidad por un hecho que el director no ordenó, no conoció y que, tan pronto ocurrió, fue enfrentado con la aplicación de la ley y la actuación inmediata de los organismos competentes.
La justicia debe recaer sobre quien cometió el crimen, no sobre quien ha demostrado voluntad de hacer cumplir la ley. Defender la institucionalidad no significa justificar un delito; significa proteger el Estado de derecho, fortalecer la Policía Nacional y garantizar que quienes traicionen el uniforme y violen la ley respondan personalmente por sus actos.
