@abrilpenaabreu
La lucha contra la corrupción no puede quedarse en consignas. La vida —y las instituciones— se miden por resultados.
La Procuraduría General de la República ha anunciado que apelará el fallo favorable a Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, reiterando que la lucha contra la corrupción en República Dominicana no se detendrá.
Y está bien. Tiene derecho a hacerlo. Para eso existen los recursos judiciales. Pero hay una pregunta incómoda que el país también tiene derecho a hacer: ¿dónde están los resultados?
Porque durante años se le habló a la ciudadanía de expedientes “blindados”, de casos sólidos, de investigaciones robustas y de un antes y un después en la persecución de la corrupción administrativa.
Se vendió la idea de un país decidido a romper con la impunidad, sin embargo, después de cuatro y cinco años de procesos judiciales, muchos de esos expedientes siguen sin llegar a juicio de fondo, mientras otros han terminado en descargos, archivos o decisiones adversas para el Ministerio Público.
Y aquí no se trata de defender políticos ni de justificar posibles actos de corrupción, se trata de algo más básico: coherencia entre el discurso y los resultados.
Porque cuando una institución promete mucho y entrega poco, inevitablemente surge el desencanto, tal vez llegó el momento de hablar menos y trabajar más.
Porque la justicia no se gana en ruedas de prensa, ni en titulares, ni en conferencias, se gana en tribunales.y al final de la jornada, la vida funciona así: los resultados hablan.
Si los expedientes eran tan sólidos como se afirmó, el país merece entender qué ha pasado. ¿Fallaron las investigaciones? ¿Se sobrestimó la fortaleza de los casos? ¿Hubo errores procesales? ¿Se priorizó la narrativa pública sobre el trabajo técnico?
La ciudadanía merece respuestas, pero el problema va incluso más allá. Mientras vemos enormes esfuerzos institucionales concentrados en casos mediáticos de corrupción, miles de ciudadanos siguen enfrentando una justicia cotidiana lenta, insuficiente y muchas veces abandonada.
¿Qué siente una madre que denuncia abuso sexual y no recibe respuesta rápida? ¿Qué piensa una familia cuando un presunto agresor sigue libre porque no hay un vehículo disponible para ejecutarle una orden? ¿Cómo confiar plenamente en un sistema que parece más eficiente para los grandes titulares que para los dramas urgentes de la gente común?
La justicia no puede medirse solo por casos de alto perfil, también se mide por la víctima que necesita protección, por la mujer violentada que espera respuesta, por el ciudadano humilde que entra a una fiscalía buscando auxilio y encuentra burocracia.
Porque un ministerio público verdaderamente eficiente no solo persigue la gran corrupción: también garantiza que la justicia llegue a tiempo al barrio, a la comunidad y a la familia común.
Y cuidado, porque el desencanto institucional es peligroso, la gente esperaba justicia, esperaba señales claras de que algo había cambiado, esperaba ver un país menos tolerante con la corrupción.
Pero cuando la percepción comienza a ser que hubo más discurso que resultados, el riesgo es enorme: no solo se pierde confianza en una gestión… se pierde confianza en el sistema.
Y cuando un pueblo deja de creer en la justicia, todos perdemos.
