¿Quién protege a los niños cuando falla el sistema que debía protegerlos?

@abrilpenaabreu

Hay instituciones del Estado que pueden permitirse errores administrativos, un trámite mal hecho, una burocracia lenta, un retraso que molesta pero no destruye. Y hay otras donde un error puede costar algo irreparable. CONANI pertenece a esa segunda categoría, porque no administra carreteras ni permisos sino algo infinitamente más delicado, niños, niñas y adolescentes que muchas veces ya llegan rotos, víctimas de abandono, abuso, violencia, explotación o entornos profundamente disfuncionales, y precisamente por eso el nivel de exigencia no debería ser menor que en cualquier otra institución pública sino mucho mayor.

La pregunta incómoda que ya no puede seguir postergándose es esta: ¿estamos viendo hechos aislados o un patrón de fallos institucionales demasiado frecuente como para seguir atribuyéndolo únicamente a la complejidad de los casos?

Porque ya no hablamos de un solo episodio. Hablamos de bebés fallecidos bajo custodia estatal cuyos familiares denuncian falta de respuestas claras sobre las causas. De menores cuyo estado de salud empeoró hasta terminar en cuidados intensivos. De fugas recurrentes de hogares de paso. De intentos de suicidio. De denuncias sobre adolescentes que burlan mecanismos de seguridad. Y ahora, esta semana, una adolescente de 14 años fallecida presuntamente a manos de compañeras dentro de un hogar de paso, bajo supervisión del propio sistema estatal de protección, un caso que ya provocó suspensiones preventivas de personal y una investigación del Ministerio Público, y que obliga a hacer preguntas que nadie parece querer responder del todo.

¿Cómo una adolescente termina muerta presuntamente a manos de otras menores bajo supervisión estatal? ¿Qué protocolos fallaron? ¿Dónde estaba el monitoreo? ¿Existían alertas de conflictos previos? ¿Había suficiente personal? ¿Se estaban aplicando evaluaciones de riesgo reales?

La institución argumenta, y con razón, que muchos de estos hogares reciben menores con trastornos conductuales severos, traumas profundos y perfiles de altísima vulnerabilidad, y que eso hace extremadamente difícil el manejo y la convivencia. Eso es verdad y hay que reconocerlo porque sería deshonesto ignorar la complejidad real del trabajo que hace ese personal muchas veces con pocos recursos y casos humanamente devastadores. Pero también es verdad otra cosa: cuando el Estado decide asumir la tutela de un niño, deja de ser observador y pasa a ser responsable, y las limitaciones explican dificultades pero no justifican tragedias recurrentes.

Si un adolescente se fuga una vez, puede ser un incidente. Si ocurre una tragedia aislada, puede ser una falla. Pero cuando los episodios graves se acumulan, la obligación institucional deja de ser explicar el caso individual y pasa a demostrar que existe control real del sistema, y ahí está quizás el problema más profundo de percepción pública alrededor de CONANI, que los casos explotan mediáticamente, se anuncia una investigación, y luego el país rara vez vuelve a saber qué ocurrió, qué responsabilidades se determinaron o qué cambió para evitar que se repita, y esa ausencia de cierre erosiona la confianza de una manera que ningún comunicado de prensa puede reparar.

Tampoco sería justo reducir el problema a una sola institución. CONANI opera bajo una ley que muchos consideran insuficiente frente a las nuevas realidades sociales, dentro de un sistema de protección fragmentado donde también intervienen tribunales, Ministerio Público, Salud Pública y Policía especializada, y las grietas que estamos viendo pueden ser el síntoma de un modelo completo de protección infantil que necesita una revisión a fondo, no una conferencia de prensa sino una conversación seria sobre presupuesto, protocolos, supervisión y responsabilidades compartidas.

Pero esa conversación tiene que darse ya, porque un hogar de paso no puede convertirse en un espacio donde el peligro simplemente cambie de dirección, de la calle al encierro, y porque un niño institucionalizado no es un expediente, es una vida que ya llegó herida, y cuya segunda oportunidad no debería terminar en otro fracaso del mismo sistema que prometió protegerla.

¿Quién protege a los que ya nadie más pudo proteger? Esa es la pregunta que este país le debe una respuesta.