ElPregoneroRD- Santo Domingo. El jurista Madeo Peralta afirmó que la entrada en vigencia del nuevo Código Penal dominicano marcará un cambio profundo en el sistema judicial del país, al incorporar delitos modernos, aumentar significativamente las penas y ampliar las facultades del Ministerio Público, aunque advirtió que la normativa también genera preocupaciones sobre posibles excesos y conflictos constitucionales.
Durante una entrevista en el programa RDAL Descubierto, Peralta explicó que la Ley 74-25 sustituye un Código Penal vigente desde 1884, el cual calificó como “extremadamente atrasado” frente a la evolución de la criminalidad y las nuevas tecnologías.
“El viejo código incentivaba la comisión de delitos porque las penas eran mínimas y muchos hechos no estaban contemplados”, sostuvo.
Entre las nuevas figuras penales incluidas en la legislación mencionó el feminicidio, sicariato, ciberbullying, desaparición forzada, violencia económica, estafas piramidales, difusión de contenido íntimo sin consentimiento, instigación al suicidio y delitos digitales relacionados con redes sociales y plataformas electrónicas.
Endurecimiento de penas
El abogado destacó que el nuevo marco legal contempla el cúmulo de penas y sanciones más severas para delitos económicos y tecnológicos. Explicó que las estafas colectivas o piramidales, que antes podían castigarse con apenas dos años de prisión, ahora podrían alcanzar condenas de hasta 50 o 60 años al sumarse otros delitos conexos como asociación de malhechores, lavado de activos y violaciones financieras.
“Una persona que destruye el patrimonio de familias enteras debe enfrentar consecuencias más severas”, expresó.
También señaló que el nuevo código tipifica conductas que antes no estaban claramente sancionadas, como el autosecuestro, las denuncias falsas, los disparos innecesarios al aire y seguir ambulancias o vehículos de emergencia para aprovechar el tránsito.
Redes sociales y libertad de expresión
Uno de los aspectos que más debate ha generado, según Peralta, es el alcance de las disposiciones relacionadas con la difusión de contenido digital y la libertad de expresión.
Indicó que reenviar audios, imágenes o videos sin autorización podría conllevar penas de entre seis meses y un año de prisión, mientras que la difusión de material íntimo con fines de chantaje o difamación podría ser castigada hasta con 10 años de cárcel.
“Todo el que comparta contenido íntimo difundido ilegalmente podría enfrentar consecuencias penales”, advirtió.
Asimismo, manifestó preocupación por las penas complementarias que permitirían suspender o revocar licencias profesionales, incluyendo el ejercicio periodístico, en determinados casos de difamación o delitos relacionados con la comunicación.
Poder del Ministerio Público
Durante la conversación, el jurista expresó inquietud sobre el aumento de poder que tendría el Ministerio Público con la nueva legislación, especialmente en medidas de coerción y procesos judiciales prolongados.
A su juicio, aunque el endurecimiento de penas puede servir como mecanismo disuasivo, persisten debilidades estructurales en la investigación criminal, la obtención de pruebas y el funcionamiento del sistema judicial.
“De nada sirve aumentar las penas si los casos se caen en los tribunales por fallas en las investigaciones”, afirmó.
Necesidad de revisión constitucional
Peralta consideró que, pese a los avances, el nuevo Código Penal requerirá futuras modificaciones y revisiones ante el Tribunal Constitucional, debido a posibles contradicciones con derechos fundamentales establecidos en la Constitución.
Entre los puntos más controversiales mencionó las penas de hasta 30 años por negarse a suministrar información requerida por organismos de seguridad, así como sanciones que podrían entrar en conflicto con el secreto profesional y la libertad de conciencia.
“El código tiene disposiciones positivas, pero también artículos que podrían representar riesgos para derechos fundamentales y libertades públicas”, concluyó.
