El Pregonero, Santo Domingo.– La Procuraduría General de la República arrestó en flagrante delito al procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, quien presuntamente gestionó y recibió la suma de diez mil dólares (US$10,000) de una persona que se encontraba bajo investigación del Ministerio Público.
La investigación contra el fiscal y abogado Aurelio Valdez Alcántara, que según su bibliografía es experto en derecho procesal penal y seguridad social, fue dirigida directamente por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien reiteró que en la institución no se tolerarán actos de corrupción sin importar quién esté involucrado.
Por instrucciones de la titular del Ministerio Público, quien previamente solicitó a la Corte de Apelación del Distrito Nacional la designación de un juez instructor, las autoridades procedieron la noche del viernes 27 de marzo de 2026 al arresto del fiscal Aurelio Valdez Alcántara.
El funcionario judicial, adscrito a la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), fue detenido luego de recibir el dinero en una entrega controlada autorizada por un juez competente. Durante el operativo se le ocupó la suma de los US$10,000 que había recibido.
En las próximas horas, la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, presentará la solicitud de medida de coerción contra Aurelio Valdez Alcántara, consistente en prisión preventiva.
La procuradora Yeni Berenice Reynoso calificó el hecho como muy grave, recordando que los miembros del Ministerio Público tienen la responsabilidad de perseguir la corrupción y cualquier acto delictivo.
“Quiero reiterar lo que he sostenido toda la vida y lo que dije el 26 de febrero de 2025 al asumir la Procuraduría: jamás toleraremos actos de corrupción, sin importar quién lo haga”, afirmó Reynoso.
Agregó que en este caso se aplicará todo el peso de la ley contra el procesado, enfatizando que la institución mide a todos con la misma vara y trabaja para que los tribunales impongan sanciones ejemplares en los casos de corrupción.
