@abrilpenabreu
La advertencia hecha por Milton Ray Guevara junto al Instituto Duartiano, no puede ser tomada a la ligera. Cuando voces con autoridad jurídica y moral alertan sobre posibles componendas para revisar la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2014, el país tiene la obligación de escuchar, reflexionar y, sobre todo, mantenerse vigilante.
No se trata de un debate ideológico ni de una confrontación retórica con la comunidad internacional. Se trata de un principio elemental del Estado de derecho: una ilegalidad no puede parir una legalidad.
En los años noventa, República Dominicana “aceptó” la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, ese acto nunca cumplió con el procedimiento constitucional correspondiente. No pasó por el Congreso Nacional, como exige nuestra Carta Magna. Esa omisión no es un detalle menor ni un tecnicismo jurídico: es una violación sustancial al orden constitucional.
Por esa razón, en 2014, el Tribunal Constitucional fue categórico al declarar inválida dicha aceptación. No fue una decisión política ni coyuntural; fue una sentencia fundada en derecho, que reafirmó un principio básico de soberanía: ningún compromiso internacional puede imponerse por encima de la Constitución.
El conflicto de fondo no es jurídico, sino político y existencial. La Corte Interamericana ha insistido, una y otra vez, en establecer criterios sobre quién es o no dominicano, desconociendo el jus sanguinis y desatendiendo por completo la realidad histórica y geográfica del país. Una realidad marcada por el hecho incuestionable de que compartimos una isla, una frontera frágil y una historia de independencia frente a Haití.
Pretender que la nacionalidad dominicana se interprete desde esquemas abstractos, ajenos a nuestra realidad, no es defensa de derechos humanos: es desconocimiento de la soberanía. Ningún Estado serio permite que una instancia externa redefina su concepto de ciudadanía sin erosionar su propio fundamento como nación.
Por eso resulta alarmante que hoy se hable —abiertamente o en voz baja— de revisar la sentencia del 2014. No estamos ante un simple ajuste jurídico ni ante un gesto diplomático. Estamos ante la posibilidad de reabrir una puerta que el país cerró legítimamente para proteger su orden constitucional.
El pueblo dominicano está alerta. Y debe estarlo. Porque la soberanía no se defiende solo con discursos, sino con vigilancia activa frente a cualquier desatino que ponga en riesgo la dominicanidad. Revisar esa sentencia bajo presión externa sería enviar un mensaje peligroso: que la Constitución es negociable y que la nacionalidad puede relativizarse.
República Dominicana no es enemiga de los derechos humanos. Pero los derechos humanos no pueden convertirse en un instrumento para vaciar la soberanía desde fuera ni para imponer narrativas que ignoran nuestra historia, nuestras fronteras y nuestra autodeterminación.
Aquí la línea es clara y no admite ambigüedades: sin Congreso no hay validez, sin Constitución no hay legitimidad y sin soberanía no hay República Dominicana.
