@abrilpenaabreu
Hace apenas unos días, una madre denunció públicamente que sus dos hijas —menores ya paridas tras haber sido embarazadas por un adulto— seguían esperando justicia. Existía una orden de arresto, pero no se ejecutaba. ¿La razón? Según las autoridades, no había transporte.
Hoy, otro padre vuelve a levantar la voz. Sus hijas, de 9 y 13 años, están siendo acosadas por un adulto. Presentó videos, pruebas, evidencias claras. ¿La respuesta institucional? Darle vueltas, dilatar el proceso y, como colofón, informarle que sí, que el acosador cometió un delito… pero no agravado.
Ante este patrón, la pregunta es inevitable y urgente:
¿Cuál es el criterio real de la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes para perseguir a los abusadores de menores en República Dominicana? ¿Qué se necesita para que el Estado actúe con la contundencia que estos casos exigen?
Hoy nos quedamos en los menores. Solo hoy. Porque no es ningún secreto que este tipo de situaciones se repiten una y otra vez, sin importar la edad de la víctima, ni siquiera su sexo.
Entonces hay que preguntarlo sin rodeos: ¿En este país la justicia solo reacciona cuando la sangre llega al río? ¿Y cuando llega… reacciona de verdad?
Después de todo, aquí tuvimos un asesino serial que fue identificado como tal no por labores de inteligencia, sino porque él mismo lo confesó. No fue el sistema. No fue la prevención. No fue la policía.
Si esta es la llamada justicia independiente y esta es la policía moderna que se nos ha vendido, entonces tenemos un problema serio. Muy serio. Porque estos no son casos aislados, y seguir fingiendo que lo son es una irresponsabilidad criminal.
Y cuidado. Porque más temprano que tarde alguien se va a cansar de esperar. Alguien decidirá defender a los suyos por su cuenta. Alguien asumirá la cárcel con gusto si siente que el Estado lo abandonó.
Y cuando eso pase, no será sorpresa. Será consecuencia. Porque hay una verdad que este país conoce bien: lo mucho hasta Dios lo ve.
