El Pregonero, Santo Domingo.– Diversos sectores sociales, económicos y académicos pidieron al superintendente de Seguros, Julio César Valentín Jiminián, ofrecer explicaciones claras y documentadas sobre el presunto déficit financiero que tiene Nelson Arroyo, el vicepresidente ejecutivo de de Seguros Reservas, a raíz de los señalamientos públicos realizados por el economista y exministro de Economía Juan Ariel Jiménez.
El emplazamiento surge tras la publicación del artículo “El diablo está en los detalles” en el Listín Diario, donde Jiménez sostiene que, a partir del análisis de estados financieros auditados y datos públicos, Seguros Reservas podría estar registrando un déficit operativo cubierto con recursos públicos, al tiempo que cuestiona el uso de fondos estatales para campañas de descrédito en lugar de responder con argumentos técnicos.
El economista aclaró que sus observaciones no se refieren al Banco de Reservas de la República Dominicana, sino exclusivamente a su filial aseguradora, Seguros Reservas, entidad distinta y de menor escala.
Según el análisis presentado, desde el año 2022 Seguros Reservas registra pérdidas operativas recurrentes que oscilan entre 200 y 800 millones de pesos anuales, marcando la primera vez desde 2005 que la empresa presenta tres años consecutivos de pérdidas en su actividad principal, sin que el país haya enfrentado eventos extraordinarios, como desastres naturales, que expliquen ese desempeño.
Jiménez advirtió que, aunque la aseguradora muestra utilidades netas, estas provienen mayormente de ingresos financieros y no de la operación aseguradora. Precisó que la rentabilidad por cada peso cobrado en primas cayó de 20.4 centavos en 2019 a apenas 6.2 centavos entre 2022 y 2024, lo que representa una reducción cercana al 70 % y el nivel más bajo en más de una década.
Uno de los aspectos más sensibles señalados es el aumento exponencial de las primas pagadas por el propio Banco de Reservas a Seguros Reservas, que pasaron de RD$201 millones en 2019 a más de RD$4,000 millones en 2024, sin que la siniestralidad creciera de manera proporcional. Para Jiménez, este tipo de operaciones internas requiere explicaciones técnicas, ya que podrían estar siendo utilizadas para compensar déficits operativos.
Asimismo, el economista llamó la atención sobre contratos específicos, como el seguro estudiantil del Ministerio de Educación de la República Dominicana, que habría generado ingresos superiores a RD$540 millones anuales pese al bajo nivel de conocimiento y uso efectivo del producto, así como el acuerdo de reaseguro entre Seguro Nacional de Salud (SENASA) y Seguros Reservas, aun cuando esta última no es una empresa de reaseguro.
Sectores consultados coincidieron en que, ante la magnitud de los datos expuestos, corresponde a la Superintendencia de Seguros, bajo la dirección de Julio César Valentín, ofrecer explicaciones técnicas y transparentes que despejen cualquier duda sobre el manejo de recursos públicos en la aseguradora estatal.
“Quien administra fondos públicos debe rendir cuentas sin ofenderse. Si alguien se molesta porque lo auditan, lo que le molesta no es la crítica, es el control”, afirmó Jiménez, reiterando que continuará analizando y explicando los números con rigor técnico y responsabilidad ciudadana.
Las voces que reclaman explicaciones insisten en que la transparencia financiera fortalece al Estado y contribuye a la confianza pública en las instituciones que administran recursos de todos los dominicanos.
