@abrilpenaabreu
Lo dicho ayer por el diputado Eugenio Cedeño, conocido por sus posiciones firmes incluso cuando lo colocan de frente con medio planeta, no fue precisamente un chiste. Y tampoco fue el primero en encender alarmas: días atrás, otro legislador pidió que no se avanzara a la carrera en el Código Procesal Penal, recordando que ya ha ocurrido que se aprueben leyes “al vapor”, para luego descubrir los yerros, lagunas y contradicciones que contenían.
Pero Cedeño fue más lejos, en un ejercicio de honestidad poco común en la política dominicana, describió la Cámara de Diputados como un escenario de comedia y tragedia, aseguró que muchos de sus colegas no comprenden su rol, y peor aún, que fuerzas externas pueden ir e imponer criterios y que, como “190 manganzones”, todos se pliegan a intereses espurios.
Y tiene razón en un punto esencial, en esta ocasión, el poder no puede ser omnímodo, y otorgarle a la Fiscalía la facultad de mantener por gusto —per saecula saeculorum— a cualquier imputado atrapado en un proceso judicial ya de por sí lento e injusto profundiza los vicios de un sistema que ya suele castigar más por desgaste que por condena.
Pero lo más grave no es la reforma en sí, lo verdaderamente perturbador es que un diputado oficialista, en un Congreso de mayoría oficialista, admita públicamente:
que “les bajan raya”,
que fuerzas externas dictan la agenda,
que muchos legisladores carecen de la capacidad mínima para la responsabilidad que ostentan,
y que existe (en este caso) una misteriosa “supra diputada”, cuya influencia —aunque no mencionada por nombre— todos parecen intuir.
El primer poder del Estado, el que debería ser contrapeso del Ejecutivo y garante de la institucionalidad, confiesa su propia vulnerabilidad: presiones que pesan más que la Constitución, obediencias automáticas, desconocimiento del rol y una peligrosa disposición a legislar sin rigor.
Y entonces, como país, nos queda la pregunta incómoda:
¿Estamos frente a una comedia política que provoca risa…o ante una tragedia institucional que debería arrancarnos lágrimas?
Porque si el Congreso admite que no manda, que no sabe, que no puede y que obedece, entonces lo que está en juego no es solo una ley: es la salud de la democracia dominicana.
