Por Luis Ruiz
En Colombia, la historia no se repite, pero a veces rima con una crudeza que estremece. El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 desató una furia popular que convirtió a Bogotá en un campo de cenizas. El Bogotazo no fue solo una revuelta: fue el grito desgarrado de una ciudadanía traicionada por la violencia política.
Hoy, tras el atentado y posterior muerte del senador Miguel Uribe Turbay, ese eco vuelve a resonar. ¿Estamos al borde de otro estallido?
Uribe Turbay, precandidato presidencial del Centro Democrático, fue baleado por un joven de 15 años durante un mitin en Bogotá. La imagen es brutal: un disparo en la cabeza, otro en la pierna, y dos meses de agonía que culminaron en su fallecimiento. La Fiscalía habla de magnicidio. Se investiga la participación de la Segunda Marquetalia. La oposición denuncia estigmatización. El gobierno responde con memoria y metáfora.
El presidente Gustavo Petro escribió: “Respeten la vida, esa es la línea roja”. Colombia no debe matar a sus hijos, porque ellos también son hijos nuestros”. La frase, cargada de simbolismo, transforma la víctima en hijo de la nación. Pero también plantea una pregunta incómoda: ¿quién está cruzando esa línea roja? ¿Quién está matando a los hijos de Colombia?
La metáfora filial busca empatía, pero también puede diluir responsabilidades. En 1948, el asesinato de Gaitán favoreció a los conservadores tras el boicot liberal. Hoy, la muerte de Uribe Turbay debilita a una oposición fragmentada, mientras emergen voces radicales que podrían sabotear el proceso electoral; y es que, elfantasma del aplazamiento electoral y la prolongación del mandato presidencial ya no es una hipótesis descabellada, sino una posibilidad que muchos temen y otros, quizás, anhelan.
Para Azury Chamah, periodistas con experiencia en temas políticos, dijo que, en Colombia, la muerte de Uribe provocará una desestabilización política en Colombia y alterará la dinámica de la oposición (refiriéndose a la derecha). Estas acciones impedirán que el país mantenga una relación armoniosa y que las elecciones de 2026 estén marcadas por actos que dañen la imagen de ambas ideologías, ya que el debate entre la izquierda y la derecha «se va a tensar mucho más», porque Gustavo Petro ha generado discursos de odio que no construyen con la construcción del país. Los discursos de odio y la violencia «matan al país».
Hoy, la democracia colombiana se tambalea. Las marchas silenciosas, los comunicados internacionales, y los llamados al respeto por la vida no bastan si el lenguaje político sigue siendo el de la bala. Cuando la violencia se convierte en gramática de poder, el pacto democrático se desfigura. Y si el Estado no garantiza que sus hijos vivan, entonces no es un Estado: es una sombra que devora su propia descendencia.
Conclusión: Colombia no necesita otro Bogotazo. Necesita otro pacto.
Un pacto que no se firme con tinta institucional, sino con la convicción ética de que la vida es inviolable, incluso en la disputa más feroz. Un pacto que no se base en la retórica del duelo, sino en la arquitectura de garantías reales. Porque si la historia rima, que rime con justicia. No con sangre.
