@abrilpenaabreu
El 26 de junio de 2023, la Inspectoría General de la Policía terminó una auditoría sobre el Hospital General Docente de la institución. El resultado fue claro: desorden, incentivos sin soporte, compras sin planificación, activos perdidos, deudas acumuladas y pagos sin justificación. Todo perfectamente documentado, sellado y firmado.
Pero lo verdaderamente escandaloso no es lo que encontraron.
Lo escandaloso es lo que no ha pasado después.
Entre los nombres que aparecen como responsables está el General Ing. Andrés Cruz Cruz, Subdirector Administrativo y Financiero del hospital. Responsable directo de parte del caos, según la auditoría.
Y aun así, ahí sigue. Intacto. Intocable.
Porque en este país la ley se aplica… menos cuando hay “amigos”, rangos o enllavadura.
Aquí hablamos todos los días de transparencia, de control, de justicia independiente. Y sí, las auditorías se hacen. Los informes se entregan. Se acumulan páginas, anexos, considerandos…
Pero cuando llega la hora de las consecuencias, todo se detiene.
Nadie es sancionado, nadie es investigado, nadie devuelve un peso.
Nadie rinde cuentas. La transparencia sin consecuencias es solo retórica. Y la justicia que investiga pero no actúa es una justicia de utilería.
El país no necesita más auditorías que terminen en archivos muertos.
Necesita que, por una vez, los informes no se queden en papel.
Y que los responsables —se llamen como se llamen— sientan que en la administración pública todavía existe algo llamado responsabilidad.
