@abrilpenaabreu
En editoriales pasados advertimos con claridad el riesgo que representaba adjudicar a una sola empresa el control simultáneo de nuestros documentos más sensibles: cédula, pasaporte y licencia de conducir.
No era alarmismo. Era un llamado preventivo. Lamentablemente, el tiempo nos ha dado la razón.
Los tres contratos ya han sido adjudicados y en la práctica es a una sola empresa y para colmo, es la misma en RD y Haití. Y no solo eso: según confirmó la periodista Julissa Céspedes en Reporte Especial, esta red tecnológica tiene capacidad real para determinar quién es, quién vota y quién cruza las fronteras, tanto en República Dominicana como en Haití. Una afirmación que no debería pasar por alto ni en el Congreso, ni en los partidos, ni mucho menos en los organismos de seguridad del Estado.
Hay una concentración total del poder sobre la identidad, cuando el pasaporte, la cédula y la licencia de conducir dependen de una sola empresa, el Estado se coloca voluntariamente en una posición de debilidad: se genera una dependencia tecnológica absoluta.
Si se produjese un único punto de falla, las consecuencias serian ininmaginables.
Y se abre la puerta a un riesgo aún mayor: la centralización de los datos biométricos y civiles de toda la población sin suficientes mecanismos de auditoría externa e independiente.
No se trata de sospechar de la empresa adjudicataria. Se trata de entender que ninguna empresa —por más moderna que sea— debe tener en sus manos el control total de la identidad de una nación.
Porque cuando ese poder se concentra sin controles, sin contrapesos, sin vigilancia, se debilita lo más sagrado: la soberanía del Estado.
La identidad no debería tercerizarse la cédula no es solo un documento, es el puente entre el ciudadano y el ejercicio de sus derechos. El pasaporte no es solo un librito para viajar, es el símbolo de pertenencia a una nación. La licencia no es solo para conducir. Es otra base de datos personal, conectada a nuestras rutas, multas, transacciones y perfil digital.
¿Estamos seguros de que este conglomerado está blindado frente a ataques, fugas de datos, errores humanos o presiones externas?
¿Tenemos pruebas de que el Estado puede auditar de forma autónoma cada línea de código, cada servidor, cada cambio que se haga en estos sistemas? ¿Sabemos qué ocurre si mañana la empresa cambia de dueño, de intereses o de sede?
Lo dijimos antes y lo repetimos ahora: si no se establece una autoridad estatal independiente que supervise, audite y tenga acceso pleno a estos sistemas, estaremos regalando algo que no se recupera fácil: el control sobre quiénes somos.
La seguridad del país no solo se protege con militares en la frontera. Se protege blindando nuestros datos, nuestra identidad y nuestra infraestructura crítica.
Todavía estamos a tiempo de corregir, de una forma o de otra. Todavía es posible establecer mecanismos de supervisión externa, cláusulas de rescisión, auditorías públicas y rendición de cuentas. Pero si seguimos celebrando la “modernización” sin entender las implicaciones, el costo será más alto de lo que imaginamos.
Porque cuando un país pierde el control de su identidad, lo que sigue es perder el control de su destino.
