Por Abril Peña
Más allá del personaje, del estilo confrontacional o de la narrativa nacionalista que acostumbra, Donald Trump ha puesto el dedo en una llaga que, por años, se ha mantenido cubierta por discursos técnicos y complicidades silenciosas: el poder descomunal de las farmacéuticas para manipular el mercado global de los medicamentos.
Trump no descubrió que los precios de los fármacos son más altos en Estados Unidos que en Europa —eso lo sabíamos hace tiempo—, pero sí hizo algo que muy pocos líderes se atreven a hacer: exponer cómo las farmacéuticas abusan de su posición dominante apalancándose en legislaciones laxas, políticos dóciles y un aparato de lobby que controla desde agencias reguladoras hasta parlamentos enteros.
Porque cuando un medicamento que cuesta 20 dólares en Francia se vende por más de 2,000 en Texas, no estamos ante un simple problema de oferta y demanda. Estamos ante una estructura global diseñada para maximizar beneficios a costa de la salud pública. Y es que, mientras en Europa los gobiernos imponen límites, exigen justificaciones y negocian precios, en Estados Unidos —y en muchos países del Sur global— se deja que el mercado “se autorregule”, lo que, en la práctica, significa que las farmacéuticas hacen y deshacen a su antojo.
El mercado estadounidense, que representa cerca del 40% de las ganancias globales de las grandes farmacéuticas, se ha convertido en el laboratorio perfecto de un modelo despiadado: patentes extendidas artificialmente, entrada retrasada de genéricos, precios inflados sin justificación científica y estrategias publicitarias multimillonarias que superan incluso lo invertido en investigación y desarrollo.
Trump, con su reciente orden ejecutiva para reducir los precios de ciertos medicamentos cubiertos por Medicare y Medicaid hasta alinearlos con los más bajos del mundo, ha abierto un debate que muchos preferían evitar. ¿Qué pasaría si más países decidieran seguir el ejemplo y exigir precios justos? ¿Qué pasaría si los ciudadanos, como consumidores y votantes, exigieran que sus gobiernos negociaran directamente con las farmacéuticas, como lo hacen en Europa? ¿Y si la salud dejara de ser un negocio y volviera a ser un derecho?
La reacción ha sido inmediata: amenazas de las grandes farmacéuticas, advertencias sobre menos innovación, chantajes velados de retirada del mercado europeo. Pero todo esto no hace más que confirmar lo que Trump ha puesto sobre la mesa: la industria farmacéutica global se comporta como un cartel legalizado, protegido por tratados comerciales, abogados expertos en propiedad intelectual y políticos bien pagados.
Y en ese esquema, los ciudadanos somos rehenes. Rehenes de medicamentos inaccesibles, de seguros que no cubren lo esencial, de tratamientos que existen pero no se pueden pagar. Rehenes de un sistema donde la vida tiene precio… y no todos pueden costearlo.
Trump, tal vez sin pretenderlo, ha desnudado esa realidad. Y aunque sus motivos sean electorales o sus propuestas estén cargadas de populismo económico, lo cierto es que abrió una puerta que ya no se puede cerrar. Porque una vez que se revela la verdad sobre cómo funciona el poder, la ignorancia deja de ser excusa y el silencio, una forma de complicidad.
Este no es un tema de izquierda ni de derecha, ni de trumpismo ni de progresismo: es un tema de dignidad humana. La lucha por un sistema de salud justo no puede ser criminalizada como “antiempresa”, ni la regulación de precios vista como una herejía económica. Lo que está en juego es la vida de millones.
Y si de algo sirve el escándalo que ha provocado Trump, es para recordarnos que ya es hora de dejar de ser esclavos de una industria que, sin ética ni límites, ha convertido la salud en mercancía.
