@abrilpenaabreu
Desde que se empezó a hablar del proyecto de ley que busca regular el sector de los alquileres, muchas voces se han alzado exigiendo que se ponga tope al precio de las viviendas. Alegan, con razón, que las grandes ciudades no solo se están quedando sin apartamentos para renta larga, sino que los pocos que hay son prohibitivos, incluso en dólares, en un país donde más del 70% de la población gana por debajo de los 40 mil pesos mensuales.
Es un reclamo legítimo, pero que choca de frente con un principio constitucional: vivimos en una economía de libre mercado, donde el Estado no puede fijar el precio de la propiedad privada. Y esa propiedad —no olvidemos— también se ha visto afectada por la inflación, por el alza en materiales de construcción, por el aumento en el IPI y el costo del financiamiento. Los propietarios simplemente están trasladando sus costos al inquilino. Así de crudo. Así de simple.
Pero en medio del debate, se ha asomado un concepto del que poco se habla en voz alta: la gentrificación.
¿Qué es la gentrificación?
La gentrificación es el proceso mediante el cual ciertos barrios populares comienzan a recibir inversiones, mejoras urbanas o interés del mercado, atrayendo a personas con mayor poder adquisitivo. Esto eleva los precios de alquiler y de vida en la zona, desplazando poco a poco a los residentes originales, que ya no pueden costear el lugar donde siempre vivieron.
En otras palabras: mejoras visibles, pero con un costo humano oculto. Es embellecimiento a cambio de desarraigo.
¿Por qué debería preocuparnos?
Porque ya está pasando. Sectores enteros del Distrito Nacional están cambiando de rostro. Lo que antes eran barrios tradicionales hoy se llenan de cafés gourmet, coworkings, edificios boutique… y al mismo tiempo, familias completas deben irse a las afueras porque no pueden pagar el nuevo “precio de pertenecer”.
Y esto no es solo una tendencia estética: tiene consecuencias sociales profundas. Se rompe el tejido comunitario, se aleja a las personas de sus empleos, se encarecen los servicios básicos en la zona (transporte, alimentación, educación privada), y se alimenta una desigualdad aún más agresiva: la de quienes pueden elegir dónde vivir… y quienes no.
¿Qué puede hacerse?
Aunque no se puede imponer por ley cuánto debe cobrar un propietario, sí existen alternativas de política pública que otros países han ensayado con relativo éxito:
Incentivos fiscales para propietarios que mantengan alquileres a largo plazo y a precios accesibles.
Zonas de protección social, donde se limite la especulación inmobiliaria.
Fomento a la vivienda pública o subsidiada, bien diseñada y bien conectada.
Regulación del uso turístico de propiedades (Airbnb, etc.), que hoy saca miles de viviendas del mercado tradicional de alquiler.
Planes de ordenamiento urbano con enfoque humano, que no prioricen solo el rendimiento del suelo sino la permanencia de sus habitantes.
Porque al final, el mercado puede ser libre, pero no puede ser salvaje.
