Y eso es exactamente lo que parece esconderse detrás del nuevo proyecto de ley que busca prevenir y sancionar el discurso de odio en la República Dominicana.
El legislador que lo promueve que dicho sea de paso es mi amigo, lo ha defendido con argumentos que, en el papel, parecen irrefutables:
Proteger a las minorías. Prevenir la discriminación. Alinear al país con los estándares internacionales. Promover la convivencia y el respeto.
Todo eso suena bien.
Lo que no suena tan bien es cómo pretende hacerlo. Entre lo que se dice… y lo que realmente dice el proyecto, Cholitin afirma que la ley no busca limitar las críticas ni el debate legítimo.
Pero el texto tipifica como delito cualquier expresión “directa o indirecta” que pueda interpretarse como incitación al odio, la hostilidad o la discriminación.
¿Y quién define eso?
El Ministerio Público, mediante una nueva unidad especializada, con poder para investigar y perseguir sin controles judiciales claros.
Además, la ley contempla sanciones que van desde multas y cárcel, hasta la prohibición de usar redes sociales o plataformas digitales por hasta tres años.
¿De verdad alguien cree que eso es proporcional o viable en el siglo XXI?
El problema no es la intención, es el texto. No se trata de negar que existe un problema real con el odio en redes, Google para no ir más lejos tuvo que retirar una IA porque lo que aprendió de las redes fue precisamente eso : Odio, una empleada de Meta testificó ante el congreso norteamericano que esta empresa sabe lo que sucede en el ecosistema digital y que incluso lo promueve, porque es rentable.
Todos hemos visto cómo la violencia digital destruye reputaciones, polariza sociedades y enciende fuegos que terminan en agresiones reales.
Nadie puede defender eso.
Pero tampoco se puede defender una ley que, bajo el pretexto de combatir el odio, termine limitando la crítica, criminalizando el disenso o persiguiendo opiniones incómodas.
Porque si la ley se queda como está:
Podría castigar al que denuncia corrupción. Podría silenciar al que critica políticas públicas. Podría cerrar medios digitales por “incitar indirectamente” a la hostilidad.
El gran ausente: el mundo digital
Lo más preocupante es que el sector más afectado, el digital, ni siquiera fue convocado al debate una vez más ningún representante de medios digitales, creadores de contenido, plataformas o periodistas independientes participó en la elaboración del proyecto, sin embargo, somos los primeros en la lista de sancionables.
¿Cómo se puede hablar de equilibrio cuando el ecosistema más dinámico y diverso del debate público está ausente en la construcción de la ley que pretende regularlo?
¿Necesitamos una ley? Sí. Pero no esta. No así.
No se trata de cerrar los ojos ante el odio. No se trata de permitir que cualquiera destruya la honra de otro sin consecuencia. Pero tampoco se trata de escribir una ley que sirva como herramienta para silenciar lo que no se puede controlar.
Necesitamos una legislación:
Clara y precisa. Construida con todos los sectores. Equilibrada entre libertad y responsabilidad. Con sanciones proporcionales y procedimientos garantistas.
Todo lo demás… es censura disfrazada de buena intención.
@abrilpenaabreu
