Por Bellelyn Castillo
El Pregonero, Santo Domingo. –El abogado penalista Carlos Salcedo se refirió al marco legal aplicable al reciente caso del colapso estructural de la discoteca Jet Set, que dejó varias víctimas mortales y lesionados, señalando que, a su juicio, existen los elementos necesarios para tipificar el hecho como homicidio involuntario, conforme a lo establecido en los artículos 319 y 20 del Código Penal Dominicano.
“El Código Penal establece con claridad lo que constituye un homicidio involuntario: no hay intención de matar, pero sí puede haber torpeza, imprudencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos. Y eso, evidentemente, encaja con lo que ocurrió en este caso”, sostuvo Salcedo.
Durante una entrevista concedida al programa de televisión de Mariasela Álvarez, el jurista explicó que las sanciones por este tipo penal, aunque limitadas en su escala correctiva, de tres meses a dos años de prisión y multas que datan de los códigos napoleónicos del siglo XIX, no exoneran de la gravedad del hecho, ni de la responsabilidad penal que pudieran enfrentar tanto los propietarios del inmueble como las autoridades responsables de la supervisión y permisos correspondientes.
Salcedo enfatizó que, para establecer la responsabilidad penal, debe demostrarse que hubo negligencia por parte de los propietarios, quienes, según expresó, contaban con la formación y el conocimiento necesario para prever un posible colapso.
“Se trata de una falta de previsión. El peligro era visible y evitable. Los dueños debieron preverlo y actuar a tiempo”, afirmó.
No obstante, también señaló que existe un segundo nivel de responsabilidad: la de las autoridades públicas, particularmente el Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Ministerio de Obras Públicas.
“Hay que determinar si estas entidades realizaron las inspecciones pertinentes y supervisaron que la construcción o remodelación cumpliera con los reglamentos establecidos para este tipo de negocio”, apuntó.
En ese sentido, Salcedo indicó que no solo se debe investigar si la obra contaba con los permisos necesarios, sino también si fue inspeccionada y si el uso final del inmueble coincidía con el aprobado inicialmente.
“Si se trataba originalmente de un local con otra finalidad y fue convertido en un centro nocturno sin la debida permisología, las autoridades tienen responsabilidad directa por no haber actuado a tiempo”, concluyó.
