El caso de la niña de 14 años y otra de edad indeterminada que rociaron con gasolina y prendieron fuego a otra de tan sólo 8 años en Cancino. el pasado domingo es tan aterrador como revelador. Nos obliga a mirar más allá de la brutalidad del hecho y cuestionarnos por qué un menor de edad es capaz de semejante acto de crueldad.
Este caso no es aislado y lamentablemente son cada vez más comunes. Hace unos años , una banda conformada por adolescentes se dedicaba a secuestrar y asesinar taxistas y a tener prácticas de índole sexual mientras asesinaban y solo recibieron cinco años de reclusión correccional. En las escuelas públicas, las agresiones entre menores se han vuelto noticia cotidiana, llegando incluso a desenlaces fatales. Al mismo tiempo, las organizaciones criminales han encontrado en los jóvenes la herramienta perfecta: los utilizan para ejecutar delitos, conscientes de que la ley los protege de consecuencias severas.
La Ley 136-03, que rige el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en República Dominicana, necesita una revisión urgente. Fue diseñada para proteger a la niñez y la adolescencia en contextos de vulnerabilidad, pero ha terminado siendo un escudo de impunidad para quienes cometen crímenes atroces y sobre todo ¿quien protege al resto de la ciudadanía de los “protegidos” de esta ley?
No se trata de castigar indiscriminadamente a los menores, sino de reconocer que hay delitos cuya gravedad exige una respuesta proporcional y contundente. La realidad social ha cambiado, y con ella, la conducta delictiva en adolescentes e incluso niños, ha alcanzado niveles alarmantes. Ignorar esta crisis o minimizar sus consecuencias bajo el argumento de la edad es una irresponsabilidad que solo alimenta el problema.
Es momento de abrir el debate sobre la reforma de la ley y la implementación de políticas efectivas de prevención. La delincuencia juvenil no solo es un reflejo del entorno social, sino también de un sistema que, en su afán de proteger, ha dejado sin justicia a las víctimas y sin freno a los victimarios.
Además, se hace imperativo que el Estado brinde un verdadero apoyo en el seguimiento psicológico tanto a las víctimas como a los agresores. Es necesario estudiar a fondo las causas de estos comportamientos criminales, que van más allá de la simple delincuencia y sugieren trastornos psicológicos, psiquiátricas o sociopáticos que deben ser atendidas por expertos. Sin un enfoque integral que combine prevención, tratamiento y justicia, las políticas públicas seguirán siendo superficiales, limitándose a un régimen de consecuencias que, si bien es necesario, no aborda las raíces del problema, ni ayuda a prevenir futuros actos de violencia. Solo con una comprensión más profunda del fenómeno y un compromiso real de intervención se podrá lograr un cambio en la realidad que enfrentamos.
