Por Frank Hernández
Cifras que ha dado la propia Policía Nacional de la República Dominicana deberían hacernos reflexionar profundamente: existen más de 53 mil órdenes de arresto pendientes de ejecutar en todo el territorio nacional. Son 53 mil mandatos judiciales que no llegan a cumplirse. Y mientras tanto, personas con procesos abiertos, con fichas acumuladas, con historiales que deberían mantenerlas alejadas de la calle, siguen caminando entre nosotros. ¿Cómo es posible que esto ocurra? La pregunta no es solo de las autoridades: es de todos.
Cuando las fichas se acumulan y la calle sigue abierta
Lo más alarmante no es solo la cantidad de órdenes sin ejecutar. Lo que golpea la conciencia es que hay individuos que aparecen con más de 40 fichas policiales. Cuarenta denuncias, cuarenta señalamientos, cuarenta veces que la ley debió actuar y, sin embargo, la persona sigue libre. ¿Cómo se explica esto? ¿En qué momento se rompió el mecanismo que debía protegernos?
Si la misma institución encargada del orden confirma que existen personas con decenas de procesos encima, entonces algo fundamental falló. No es un caso aislado: es un patrón. Y cuando el patrón se repite, deja de ser casualidad para convertirse en problema estructural.
Las preguntas que no pueden quedar sin respuesta
Ante esta realidad, surgen interrogantes que merecen respuestas claras:
¿Quién les entrega armas a personas con procesos judiciales y fichas policiales? Si la ley prohíbe portación a quienes tienen antecedentes, ¿cómo es que siguen armados? ¿De dónde salen esas armas y quién las facilita?
¿Por qué en lugar de construir penales grandes, masivos, se habla de trasladar la gente a la provincia 29? Si la capacidad carcelaria es insuficiente, la solución no puede ser simplemente mover el problema de un lugar a otro.
Si hay miles de personas que deben cumplir condena, el país necesita infraestructura penitenciaria digna, moderna, capaz de recibir a quienes la justicia ha condenado. Desplazar no es resolver.
¿Por qué las órdenes de arresto no se ejecutan? ¿Faltan recursos, personal, logística, voluntad política? ¿Hay demoras, trabas, corrupción o simple desorganización? Cuando una orden sale de un tribunal, debe cumplirse. Si no se cumple, la autoridad se debilita.
El nuevo Código Penal: castigar, sí, pero también transformar
Frente a esta realidad, el nuevo Código Penal representa un cambio de enfoque que merece ser comprendido en toda su dimensión. No se trata solamente de endurecer penas. Eso sería incompleto. El texto tiene dos pilares que deben caminar juntos:
La responsabilidad individual: quien delinque debe enfrentar consecuencias proporcionales y firmes. La sociedad tiene derecho a que se haga justicia.
La reinserción social: esta es la parte que a veces se olvida. Un sistema que solo encierra, pero no prepara para la vida en libertad, está condenado a repetir los mismos errores. El nuevo código reconoce que la cárcel no puede ser solo un depósito de personas: debe ser también espacio de cambio, de formación, de recuperación.
Esto significa que la seguridad no se construye únicamente con cierres más fuertes, sino con oportunidades reales de transformación. Quien comete un delito debe pagar por ello, pero el Estado también tiene la obligación de ofrecer caminos para que no vuelva a delinquir.
Uno sin el otro no funciona: severidad sin reinserción no previene; reinserción sin responsabilidad no garantiza justicia.
Las 53 mil órdenes de arresto pendientes son mucho más que una cifra. Son la prueba de que hay una brecha entre lo que dice la ley y lo que ocurre en la realidad. Mientras no se ejecuten, la justicia parecerá selectiva: para algunos sí, para otros no. Y eso debilita la confianza de todo un pueblo.
La Policía Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Gobierno tienen que trabajar en una sola dirección: que cada orden se cumpla, que cada proceso avance y que cada ciudadano sienta que la ley lo protege por igual. Construir penales donde se necesiten, depurar quién porta armas y por qué, agilizar las ejecuciones y aplicar el nuevo código con firmeza y con visión humana. Todo eso al mismo tiempo.
Porque la justicia no puede ser una promesa escrita en papel. Tiene que ser algo que la gente ve, siente y comprueba. Y mientras miles de mandatos permanezcan sin cumplirse, esa promesa seguirá incompleta.
