Por Luis Henríquez
Abogado y político
En nuestro país, la informalidad no solo es una práctica extendida: es casi una filosofía de vida. Basta con una simple pregunta, cotidiana pero reveladora, para entenderlo: ¿con comprobante o sin comprobante? Esta frase, aparentemente inofensiva, encierra una cultura arraigada de evasión y desconfianza en el sistema. Y más allá de lo anecdótico, refleja una realidad profunda: hemos normalizado comportamientos que socavan las bases de nuestro Estado.
En todos los niveles de la vida pública y privada hemos creado patrones de conducta que contradicen las normas más elementales del sistema que decimos defender. La evasión fiscal, la corrupción pasiva, el uso irresponsable de recursos, la doble moral. Nada de esto es nuevo. Lo preocupante es que persiste y se reproduce, sin que nadie —especialmente desde la clase política— asuma con valentía la responsabilidad de enfrentarlo.
La responsabilidad fiscal, entendida como el compromiso de los ciudadanos de cumplir con sus obligaciones tributarias, debe ir acompañada de un uso eficiente, transparente y responsable del gasto público por parte del Estado. Pero hoy, nuestra economía avanza peligrosamente hacia el abismo: apenas el 3 % del PIB se destina a inversión en capital —infraestructura, desarrollo, innovación—, mientras los gastos corrientes se disparan sin control. A esto se suma una evasión fiscal que supera el 27% del PIB, y una deuda externa que ya ronda el 57% del PIB. Como consecuencia, una porción cada vez más significativa del presupuesto nacional se destina al pago de intereses y servicios de la deuda.
El panorama es alarmante. No solo por sus implicancias técnicas, sino porque detrás de estas cifras se esconde una enorme deuda social: escuelas sin recursos, hospitales colapsados, infraestructuras básicas sin mantenimiento. Y sin embargo, en el escenario político no se vislumbran propuestas concretas ni estrategias viables que enfrenten este problema estructural. Hay muchas candidaturas anticipadas, pero muy pocas ideas. Se discute mucho sobre nombres, pero casi nada sobre el fondo.
El problema es que no hay voluntad política para tocar la médula del sistema. En el presente solo le damos de lado a este problema de Fondo.
Ni se articulan consensos para una transformación profunda del modelo fiscal y económico. Mientras tanto, seguimos como espectadores de una economía que se financia con deuda, de una administración pública que gasta mal y de una ciudadanía que cada vez se siente menos representada.
Así, entre discursos vacíos y prácticas cotidianas que reflejan nuestra desconexión con el deber colectivo, seguimos preguntando lo mismo de siempre:
¿Con comprobante o sin comprobante?
