EL PREGONERO, PUERTO PRÍNCIPE.- Haití vivió un año marcado por una nueva crisis política, económica y social, agudizada por las protestas callejeras en contra de la corrupción y la impunidad, en las que un sector de la oposición exigió la renuncia del presidente del país, Jovenel Moise.
Las protestas se iniciaron en julio pasado por un aumento en los precios de los combustibles, que el Gobierno dejó sin efecto poco después, tras violentas manifestaciones que causaron varios muertos.
La situación obligó a la renuncia del entonces primer ministro, Jack Guy Lafontant, sustituido por Jean Henry Ceant, quien asumió el cargo el 17 de septiembre.
Al asumir el puesto, Ceant se comprometió a luchar contra la inseguridad y la corrupción, dos de los principales males en Haití, poniendo prioridad especial a la investigación respecto a la supuesta malversación de los fondos del programa Petrocaribe, el acuerdo por el cual Venezuela suministra petróleo en condiciones favorables a varios países caribeños.
El Parlamento haitiano publicó en 2017 un informe en el que involucra a exfuncionarios del partido gobernante en presuntas irregularidades en el uso de los fondos de Petrocaribe, pero hasta ahora nadie ha sido procesado por este caso, en el que se desviaron más de 2.000 millones de dólares, según una investigación del Senado.
Las protestas se multiplicaron a partir de agosto para exigir al Gobierno que aclarase la gestión de Petrocaribe, pero también un sector de la oposición aprovechó para reclamar la salida de Moise, un empresario del banano que llegó al poder en febrero de 2017 sin experiencia previa en política.
Moise, por su lado, propuso un diálogo, rechazado en un principio por sus opositores, quienes finalmente acabaron aceptando la propuesta, aunque siguen presionando para su marcha, mientras Ceant continúa el proceso de crear un Gobierno de consenso que ayude a aliviar la crisis.
Para tratar de contrarrestar la presión de la oposición, el Gobierno también anunció empleos para los sectores más pobres, así como medidas para garantizar la paz y la estabilidad.
La capital del país, Puerto Príncipe, estuvo paralizada prácticamente una semana en noviembre tras una huelga convocada por un sector de la oposición después de una multitudinaria movilización en contra de la corrupción, que dejó varios muertos.