@abrilpenaabreu
Uno de los principales retos del Poder Judicial dominicano es reducir la mora. Obligar a un ciudadano a pasar años navegando por las intrincadas aguas de la justicia para obtener una decisión es una deuda que el Estado ha normalizado. La paga quien reclama un derecho, la paga la víctima que espera una respuesta y la paga, con su libertad, quien aguarda un juicio desde una cárcel.
Una cárcel llena de personas en prisión preventiva puede dar la impresión de que el sistema está haciendo su trabajo. Pero cuando una audiencia se aplaza porque el Estado no pudo trasladar al imputado y ese aplazamiento se repite, lo que se acumula son días de encierro sin sentencia. Confundir ese encierro con seguridad es cómodo para las instituciones. Para quien sigue preso mientras su expediente espera, la demora puede convertirse en una pena anticipada.
Por eso merece atención el anuncio de Justiniano Montero de reactivar los tribunales móviles en los recintos penitenciarios más poblados. La medida, incluida en el plan de los primeros cien días de su gestión, permitiría celebrar determinadas audiencias en las propias cárceles y evitar aplazamientos por falta de traslado. El Poder Judicial ya ensayó este modelo en 2018, cuando comenzaron a conocerse audiencias preliminares en La Victoria y Najayo.
La pregunta más difícil es de dónde saldrán los jueces. El propio Montero cifró en 65 el déficit de magistrados en distintas jurisdicciones. Si para celebrar audiencias en las cárceles hay que desvestir los tribunales ordinarios, la mora se mudará de sitio. Quien espera una decisión en un juzgado tampoco puede seguir pagando las consecuencias de la falta de personal. (
Todavía falta conocer el calendario, los primeros recintos y los tipos de audiencias que se celebrarán. También habrá que saber con qué jueces, fiscales y defensores contará el programa. Su resultado debe medirse en audiencias efectivamente celebradas, aplazamientos evitados y tiempo de espera reducido. Y esa medición debe incluir a los tribunales de donde salga el personal.
La Suprema parece dispuesta a enfrentar de frente dos problemas apremiantes. Si Montero consigue los jueces para echar a andar el programa sin desatender los tribunales ordinarios, habrá dado un paso en la dirección correcta. La prueba será que alguien deje de pasar meses en prisión esperando una audiencia que el Estado estaba en condiciones de celebrar.
