REFLEXIONES EN TRANSICIÓN #12: Estrategias mundiales contra el Covid 19, medidas en materia de género

Peña Guaba
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Por: José Francisco Peña Guaba


Accionar contra el Covid 19 requiere considerar enfoques inclusivos y multisectoriales, que proporcionan respuestas coordinadas a la crisis e integran diferentes sectores y actores sociales. Incorporar el enfoque de género y clarificar las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres durante la pandemia y en ocasión de las medidas que se asuman, ha sido un tema recurrente y considerado tanto por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) como por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En todo caso, vale observar que durante los períodos de aislamiento y cuarentena, las mujeres están expuestas a tiempo completo frente a situaciones agresivas en el entorno íntimo. Si se acumulan tensiones debido a las restricciones de salida, la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidado, las restricciones económicas, la ansiedad y la incertidumbre, pueden aumentar también los números de casos de violencia intrafamiliar y de género, físicos y psicológicos.

Diversas fuentes reportan que algunos países americanos vieron incrementos sostenidos en la violencia intrafamiliar y de género, entre ellos Honduras, donde las casas refugios se reportaron bajo presión para poder responder a la demanda creciente y para contar con recursos de bioseguridad; en Ecuador, la casa de acogida para víctimas-sobrevivientes de violencia de género está al tope de su capacidad y no tienen suficientes insumos para responder a la crisis y en Uruguay, el Instituto Nacional de las Mujeres reconoció que desde que se decretó la emergencia sanitaria en el país, se constató un aumento significativo de llamadas. En Bolivia crecieron las tasas relativas a violaciones de menores de edad y en Argentina el promedio de consultas por violencia de género se incrementó en 39%.

Al 5 de mayo de 2020 el Observatorio Político Dominicano, utilizando cifras producidas por el Ministerio de la Mujer, reportó una disminución del 11% en el volumen de denuncias por violencia intrafamiliar y de género. Ciertamente, la disminución no responde necesariamente o exclusivamente a una disminución de los hechos que probablemente ocurrieron en el período, sino que puede deberse a la imposibilidad material de realizar la denuncia, entre otras causas probables. Para muestra basta considerar que las oficinas judiciales cuya ocupación es resolver demandas de pensión alimenticia y los conflictos que genera, funcionan en los Juzgados de Paz y todos han permanecido cerrados hasta ahora, de manera que, simplemente, no hay lugar donde denunciar los hechos.

Lo cierto es que República Dominicana no incluyó una perspectiva de género en el planeamiento de lucha contra la pandemia, suponiendo que exista alguno. ¿Cómo han respondido otras naciones del área a esta exigencia normativa y cuáles recomendaciones se han hecho?

Una de las medidas más interesantes se tomó en Argentina, país donde se estableció un canal de comunicación sobre violencia intrafamiliar y de género en las farmacias, que pueden recibir pedidos de medicamentos para tratar golpes y heridas. En Colombia se dictaron medidas para garantizar la prestación ininterrumpida del servicio a cargo de las comisarías de familia, dentro del Estado de Emergencia.

A la medida expansiva de las fuentes de denuncia de violencia intrafamiliar y de género la mayoría de los países americanos une incrementos en las campañas publicitarias contra el hecho, visibilizando la continuación del compromiso institucional con la represión. En Costa Rica se puso en marcha la campaña de difusión de información sobre violencia contra las mujeres «¡Seguimos pendientes de vos!», mediante información en redes sociales, radio y televisión sobre los derechos de las mujeres, herramientas para enfrontar la violencia contra las mujeres y promover una convivencia libre de violencia en las familias en tiempos de aislamiento social.

En Ecuador se iniciaron campañas de difusión de información sobre violencia intrafamiliar y de género durante la emergencia sanitaria por COVID-19 y se pusieron en vigencia dos protocolos de interdicción de la violencia, uno de comunicación y atención de casos durante la emergencia y otro de atención a víctimas de violencia de género bajo la modalidad de teletrabajo.

En México se fortaleció la línea telefónica 911 para recibir llamadas de atención a emergencias relacionadas a los distintos tipos de violencias por razón de género. Más interesante aún es que fortalecieron el sistema de datos de medición de la violencia en el contexto de la pandemia. En este sentido, se constituyó un grupo de trabajo especializado en estadísticas con el objeto de establecer un conjunto mínimo de indicadores que permitan monitorear de manera oportuna la violencia hacia las mujeres y contribuir a la mejora de las estadísticas para conocer el contexto en que se desarrollan las violencias contra las mujeres durante la pandemia.

Asimismo, en México se iniciaron campañas de información sobre corresponsabilidad de los cuidados. Se impulsan campañas a través de redes sociales y medios de comunicación para fomentar la redistribución del trabajo doméstico y de cuidados en los hogares y evitar la sobrecarga a las mujeres durante la contingencia por COVID-19. Se difunden campañas para una mayor participación de los hombres en los trabajos de cuidados. Entre ellas, se destaca la campaña nacional “Hombres en sana convivencia: en esta contingencia, cuidar hace la diferencia”.

Las medidas aquí resumidas forman parte de las recomendaciones del PNUD, que promueven, en general, las campañas comunicacionales que aseguren la atención a la violencia contra las mujeres y violencia basada en género de manera creativa y sin exponer a la víctima.

Por supuesto, se requiere asegurar la continuidad de los servicios de justicia aun en situaciones en las que haya restricción a la movilidad de jueces, juezas y personal del sector, a través de mecanismos digitales y remotos, especialmente para resolver situaciones jurídicas asociadas a violencia de pareja, pensiones de manutención, custodia de menores, entre otras.

El conjunto de medidas básicas recomendadas en materia de violencia intrafamiliar y de género incluyen:

Impulsar consultas directas (mediante plataformas virtuales) con organizaciones de mujeres de base comunitaria sobre la situación de las mujeres, en particular sus necesidades y las medidas adecuadas para enfrentar la pandemia, asegurando que sus opiniones, intereses, contribuciones y propuestas sean incorporadas en la respuesta.

Mantener las operaciones principales y los servicios de salud para ayudar a las mujeres víctimas de la violencia garantizando que estas tengan derecho a abandonar sus hogares para buscar ayuda cuando sea necesario, incluso si se aplican medidas restrictivas al derecho de circulación.

Asegurar que los servicios públicos para víctimas y sobrevivientes, como líneas directas y refugios, adecúen sus estructuras para seguir proporcionando ayuda en el contexto de emergencia sanitaria, garantizando un ambiente sano para las personas atendidas y las y los proveedores de atención.

Establecer y/o fortalecer los números de emergencia que puedan alcanzarse a través de aplicaciones de mensajería, reforzando la seguridad de víctimas y protegiendo la salud de las y los trabajadores ante el brotey

Garantizar la continuidad de los servicios de salud en contexto de violencia de todo tipo, incluyendo violencia sexual.

Tres medidas comunes a los países americanos, en la lucha contra la violencia intrafamiliar y de género son la prórroga automática de las medidas de protección para víctimas de violencia de género que tengan vencimiento durante la emergencia sanitaria, el incremento de alojamientos adicionales para personas en situación de violencia por motivos de género y la excepción del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular toque de queda) tanto para el personal afectado a las actividades y servicios detallados como para las víctimas. En Costa, además, se despenalizó la violación del aislamiento por violencia intrafamiliar o de género, mientras en Colombia fortalecieron todos los servicios de orientación y atención a mujeres víctimas de violencia durante el aislamiento preventivo obligatorio, incluyendo reglas de efectividad aminorada para quienes se vean en la obligación de abandonarlo.

En consecuencia, vale retener que la República Dominicana como mínimo debería implementar campañas públicas de respaldo a las víctimas y sostenimiento de las actividades del sistema, asegurando que los servicios de atención y respuesta a la violencia contra las mujeres se consideren servicios esenciales durante la pandemia y facilitar el acceso a través de mecanismos alternativos que respondan a las necesidades de las mujeres. Asimismo, se debería asumir la estrategia de trabajar de manera muy estrecha con las organizaciones de mujeres de base y de la sociedad civil, redes de mujeres feministas, defensoras de derechos humanos, en la prevención de violencia contra las mujeres frente a COVID-19 y en la fase de recuperación

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