Por Jaquelin Rodríguez
Durante los días del 27 al 30 de noviembre se cumplió en Yakarta, Indonesia, el XXIX Congreso internacional de los notarios del mundo que tenía como fin, entre temas académicos y otros, elegir el presidente de la Unión Internacional de Notarios para el periodo 2020–2022 y los presidentes de las comisiones continentales.
El Dr. Álvaro Rojas Charry, Notario 37 de Bogotá, y actual presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano (UCNC) aspiraba al cargo de presidente de la Unión Internacional del Notariado (UINL) y el Dr. Pedro Rodríguez Montero, actual presidente del Colegio Dominicano de Notarios apetecía, por segunda vez, la presidencia de la Comisión de Asuntos Americanos (CAAm).
Ninguno de los dos alcanzó la votación necesaria. Ahora, regresaron a sus respectivos países con el sinsabor de la derrota y deben estar preparados para dar explicaciones por unas presuntas anomalías que son analizadas por la Fiscalía y por la Superintendencia de Notariado, en el caso del colombiano y por la Cámara de Cuentas, en el caso del dominicano.
En Colombia, fue radicada una solicitud de investigación penal ante la fiscalía en la que advierten de supuestas irregularidades, una de ellas la relacionada con el papel de seguridad que emplean las notarías nacionales en diferentes trámites.
“Las ganancias que van a las arcas de la UCNC superan un valor de 16.500 millones de pesos en los últimos cuatro años”. En cambio, el monto que ha generado la venta de papel notarial de seguridad no está determinado en los estados financieros del Colegio Dominicano de Notarios pero se estima que exceden los veinte millones de pesos.
En la República Dominicana se está pendiente de los ‘hallazgos’ que realice la Cámara de Cuentas en las auditorias que se realizan a las cuentas bancarias del papel notarial de seguridad, a los gastos por una construcción que se ejecuta en el patio de la sede central del Colegio, a los ingresos y manejos de los dineros percibidos por concepto de cursos impartidos y sobre las dietas y viáticos autoasignados por el presidente para cubrir sus viajes al exterior.
Otra cuestión que se investiga en Colombia es la relación entre las empresas de tecnología que prestan servicios a las notarias y el notariado colombiano debido a que varios notarios han puesto quejas por las constantes caídas del software, que no es otra cosa que el molesto ‘se cayó el sistema’.
En 2015 la UCNC, en cabeza de Rojas Charry, emitió una circular dirigida a los 903 notarios nacionales en la que advertía que el proceso biométrico era exigible a todos los actos notariales y que dicho costo debía ser asumido por el usuario.
En el país, aunque no ha sido implantado el sistema de identificación biométrica, el presidente del Colegio de Notarios hace ingentes esfuerzos, conjuntamente con Rojas Charry, para que se utilice. En ese sentido, ya han realizado congresos internacionales sobre la importancia del sistema biométrico en las notarías y giraron una visita de cortesía al presidente de la Junta Central Electoral para explicarle los bemoles del sistema que promueven.
Si bien el notariado colombiano busca darle mayor seguridad a los trámites notariales, su propuesta fue interpretada como una manera de conseguir más recursos ya que por cada vez que se pone la huella se cobra un monto. En la República Dominicana se estima que el sistema funcionaría de igual manera.
Las relaciones entre el notariado dominicano, bajo la presidencia de Pedro Rodríguez, y el notariado colombiano, bajo la presidencia de Rojas Charry, se han fortalecido y los ha llevado a compartir penas y alegrías. La penalidad de ser los únicos notariados sancionados con amonestación pública por la UINL en más de setenta años de fundada y la satisfacción de haber sido conjuntamente aspirantes en dos oportunidades, uno a la presidencia del notariado mundial y el otro a la presidencia del notariado continental.