EL PREGONERO, HIGÜEY, LA ALTAGRACIA. – El proceso judicial por presunta difamación e injuria agravada contra Jefte Rafael Ventura Jiménez tomó un giro relevante este miércoles, luego de que el Ministerio Público depositara nuevas evidencias que, según el órgano acusador, fortalecen de manera sustancial el expediente.
El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia dispuso el aplazamiento de la audiencia de conocimiento de medida de coerción, fijándola para el próximo lunes 9 de marzo de 2026, tras una solicitud presentada por la defensa técnica del imputado, quien alegó la necesidad de examinar los nuevos elementos probatorios incorporados al proceso.
La acción judicial fue interpuesta por la empresa PETROMÓVIL, S.R.L. y por el empresario y abogado Crisyael Montilla Martínez, quienes sostienen haber sido víctimas de campañas difamatorias que habrían afectado su reputación comercial y profesional.
El fiscal investigador, magistrado Víctor Camacho, explicó que las pruebas recientemente depositadas resultan determinantes para sustentar el pedimento de medida de coerción, al considerar que evidencian el alcance del presunto daño moral y comercial causado.
De acuerdo con el Ministerio Público, las imputaciones contra Ventura Jiménez se sustentan en presuntas violaciones a:
• La Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
• La Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento.
• Disposiciones aplicables del Código Penal de la República Dominicana.
El órgano persecutor sostiene que los hechos investigados podrían configurar infracciones vinculadas a la difusión de contenidos a través de medios digitales con el propósito de afectar la honra y el buen nombre de los querellantes.
El aplazamiento no implica una variación en el curso del proceso, sino que responde a garantías del debido proceso, permitiendo que la defensa analice el nuevo material probatorio antes de que el tribunal decida sobre la eventual imposición de una medida de coerción.
Con el depósito de nuevas evidencias, el caso entra en una etapa clave que podría definir el rumbo judicial del imputado, mientras el tribunal se prepara para retomar la audiencia en la fecha señalada.
El proceso ha generado atención en el ámbito empresarial y jurídico de la provincia La Altagracia, especialmente por tratarse de presuntas infracciones vinculadas al uso de plataformas digitales y la protección de la reputación corporativa en la era tecnológica.
