Por Kelvin Ortiz Faña
El Pregonero, Santo Domingo.- La ley No. 16-19 que prohíbe el uso de la hookah en lugares públicos y privados no autoriza al Ministerio Público a cobrar e imponer directamente una multa de manera administrativa, argumenta el jurista John Garrido al ser consultado por El Pregonero a raíz de la última incautación en Santo Domingo Este.
El fin de semana, el Ministerio Público confiscó alrededor de 500 hookahs en diferentes centros de diversión de Santo Domingo Este por comercializar y permitir el uso de este dispositivo de manera ilegal, informó el fiscal titular de esta demarcación Milcíades Guzmán Leonardo, quien encabezó el operativo.
“La multa a que se refiere esta ley es una pena que la impone un tribunal. Esta ley es de carácter penal exclusivamente y la imposición de la de prisión y multas son de las competencias absoluta de un juez”, expresa Garrido.
Afirmó que la ley ni los estatutos del Ministerio Público, ni ninguna otra ley da competencia ni facultad a este órgano a cobrar multas, según lo establecido en las leyes 133-11 y 16-19.
“El ministerio público no tiene poder sancionador administrativo. Ese cobro viola el debido proceso legal”, concluyó.
En rueda de prensa ayer, Guzmán dijo que en el transcurso de la misma fueron ejecutados 22 allanamientos mediante orden judicial en establecimientos comerciales de la avenida Venezuela, Los Mina, la Charles de Gaulle, avenida España y Lucerna, donde además de las hookahs, fue ocupada una gran cantidad de materiales, ingredientes y accesorios para las mismas.
Explicó que los propietarios de 16 de esos establecimientos, para poder seguir operando, conforme manda la ley, debieron de pagar multas RD$100 mil.
Identificó los negocios multados como Sunami, Levis White Clim, Náutica, Dial Bar, Mixer, Lux By Mixer, El Jefe VIP, La Zona VIP, Opux, Euphoria Discotec, París Bar And Lounge, La Para VIP, Rey Sport Bar, Cilff Bar And Lounge y Xtremo Sport Bar, así como Energy, éste último pendiente de pago.
Explicó que el monto de las multas pagadas se hizo constar en actas que fueron levantadas por el personal del Ministerio Público en los mismos negocios, en las cuales además del monto recibido se consignó la descripción de los dispositivos ocupados, sus materiales e ingredientes y accesorios, como establece la ley.