Por Ramón A. Rodríguez Veras
General ®️ de la Policía Nacional, graduado en Seguridad Pública y Alto Mando policial en la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile, Ciencias Políticas y Gestión Pública en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile y es Licenciado en Administración de Empresas
En la República Dominicana, los accidentes de tránsito han dejado de ser un simple problema de movilidad para convertirse en una tragedia nacional de dimensiones humanas, económicas e institucionales. Durante años, el país ha figurado entre los peores desempeños del mundo en mortalidad vial. En la serie del Banco Mundial con datos de la OMS para 2019, República Dominicana aparece con 64.6 muertes por cada 100,000 habitantes, una de las tasas más altas registradas internacionalmente; muy por encima de lo deseable para una sociedad que aspira a modernizarse.
Estas cifras, sin embargo, no deben leerse solo como un dato estadístico. Detrás de cada número hay una familia rota, un hogar empobrecido, una madre que no duerme, un hijo que no vuelve, una productividad perdida y una presión silenciosa sobre hospitales, ambulancias, policías, fiscales, tribunales y presupuestos públicos. En 2024, según datos citados del Observatorio Permanente de Seguridad Vial, el país registró 3,114 muertes por siniestros viales, equivalentes a unas ocho muertes diarias; además, una parte importante de esas víctimas correspondió a jóvenes entre 15 y 29 años, es decir, población en plena edad productiva.
Lo más alarmante es que esta tragedia no parece responder al azar, sino a una estructura de riesgo conocida y repetida. La OMS identifica entre los factores decisivos de mortalidad vial el exceso de velocidad, el alcohol al conducir, el uso insuficiente del casco en motocicletas, el incumplimiento del cinturón de seguridad y la debilidad en la protección de ocupantes y peatones. En el caso dominicano, a ello se suma lo que el Banco Mundial ha descrito como una infraestructura vial insegura y una necesidad urgente de intervenciones en corredores de alto riesgo.
Es decir, no estamos ante un problema misterioso; sabemos bastante bien qué mata y también sabemos bastante bien qué podría salvar vidas.
Entre todos los factores, uno sobresale con crudeza: la motocicleta. La propia OPS ha advertido que en República Dominicana aproximadamente dos tercios de las víctimas del tránsito son usuarios de motocicletas, en su mayoría hombres jóvenes. El INTRANT también ha señalado que los motociclistas representan más del 65 % de los fallecidos por siniestros viales cada año. Esta realidad no solo retrata una forma de transporte masiva y económicamente accesible; también revela un vacío profundo de formalización, supervisión y cultura de seguridad.
Esa informalidad se vuelve aún más preocupante cuando se revisa el tema de las licencias. El OPSEVI reporta 2,082,522 licencias vigentes registradas hasta 2024, mientras los datos abiertos del INTRANT muestran una brecha persistente entre el tamaño del parque vehicular y la formalización de los conductores. En motocicletas, la desproporción es todavía más inquietante: reportes basados en información del INTRANT señalaron a inicios de 2026 que apenas 10,827 personas tenían licencia vigente de motocicleta, frente a varios millones de motocicletas registradas. Esa comparación no permite afirmar mecánicamente que todos circulan sin licencia, pero sí evidencia una falla estructural del sistema de habilitación, control y cumplimiento.
El costo de esta crisis tampoco es abstracto. El propio Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial de la República Dominicana estimó que el costo social de las muertes anuales por accidentes de tránsito equivale a 2.21 % del PIB, sin incluir plenamente el peso de la discapacidad total o parcial que dejan miles de lesionados. La OPS reiteró en 2025 que estas pérdidas afectan especialmente a la población económicamente activa y elevan la pobreza. A escala global, la OMS advierte que los traumatismos por tránsito suelen costar a los países alrededor de 3 % del PIB. Detrás de esos porcentajes están los gastos del sistema de emergencia, salud, rehabilitación, pensiones, gestión policial, congestión, litigios, daños a infraestructura y pérdida de productividad.
Frente a este panorama, sería un error tratar el problema solo como una suma de imprudencias individuales. Sí, hay conductas temerarias, consumo de alcohol, velocidad excesiva y desprecio por las normas. Pero también hay una responsabilidad estatal ineludible: vías mal diseñadas, fiscalización insuficiente, educación vial débil, aplicación irregular de sanciones, escaso control sobre motociclistas y una débil interoperabilidad de datos entre instituciones. Por eso resulta tan importante que el Gobierno haya lanzado el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, con la meta de reducir en 50 % la mortalidad para 2030 y con énfasis en mayor fiscalización e interoperabilidad de los sistemas de información. El valor del pacto, sin embargo, no estará en su firma, sino en su ejecución sostenida.
La República Dominicana necesita pasar de la reacción a la prevención. Eso implica controles reales y permanentes de velocidad y alcohol, exigencia estricta del casco certificado, depuración efectiva del sistema de licencias, rediseño de puntos críticos en carreteras y zonas urbanas, educación vial obligatoria desde la escuela, mejor respuesta postaccidente y un régimen de consecuencias que de verdad disuada. También exige una decisión política más profunda: dejar de ver la muerte en carretera como un hecho cotidiano y empezar a tratarla como lo que realmente es, una emergencia de salud pública y de gobernanza. La evidencia internacional muestra que las reducciones sostenidas son posibles cuando se aplica un enfoque de “sistema seguro” y no se descarga toda la culpa sobre el usuario final.
Una nación no solo se mide por sus autopistas, sus puentes o el tamaño de su parque vehicular. También se mide por el valor que le da a la vida humana en el espacio público. Cada muerto por tránsito que pudo evitarse es un fracaso colectivo: de la autoridad que no fiscalizó, de la vía que no protegió, del sistema que no educó y de la cultura que normalizó el riesgo. Si República Dominicana quiere ser un país más moderno, más competitivo y más justo, debe empezar por algo elemental: garantizar que moverse no sea una sentencia de muerte.
