SANTO DOMINGO. – Un integrante del recién constituido Observatorio por un Justo Proceso, expresó este domingo su convicción de que la entidad será la vía idónea para que los ciudadanos hagan cumplir sus derechos cuando estos sean vulnerados en cualquier instancia.
Se trata del abogado Juan Ramón Vásquez, quien manifestó que el surgimiento del citado organismo se produjo por las constantes violaciones al cumplimiento del debido proceso y los derechos fundamentales de las investigadas o encartadas en un expediente.
Refirió que resulta “altamente cuestionable” que el Ministerio Público instrumente un expediente acusatorio contra una o más personas, y filtre su contenido a determinados medios o a comunicadores seleccionados, lo que a su juicio constituye una falta grave e ilegal al debido proceso de ley.
Entrevistado en el programa “Así Vamos, con Héctor Guzmán”, que se difunde cada domingo a las 10:00 AM por TRA Teleradio América, Vásquez hizo referencia en ese sentido, considerándolo de “filtración interesada”, en los casos de las denominadas Operación Antipulpo y Coral.
“Toda acusación tiene una fase secreta de investigación, cuyo desarrollo debe ser cerrada para la prensa, porque si no, cuando se procure determinar la medida de coerción, este se convierte en un juicio de fondo”, argumentó.
Reconoció que para un juez permitir que el juicio sea público para imponer medidas de coerción debe haber el consentimiento de las partes, “pero algunas veces aparecen unos abogados que buscan sonar en los medios de comunicación”.
Precisó que el surgimiento del observatorio, no solo es para intervenir en los procesos por corrupción administrativa, sino en otros casos, cuando se considere que se ha violado el debido proceso en los procedimientos judiciales.
Dijo que el artículo 148 de la Constitución de la República protege al ciudadano de una acción abusiva proveniente de un funcionario, “quien vería comprometida la responsabilidad civil no solo el de la institución a la que pertenece, sino también la suya personal”.
“Debe quedar claro que el Observatorio no es para someter a jueces ni fiscales, sino para que se observe el accionar de ellos y si es necesario, dar a conocer las violaciones que cometan, para que el imperio de la ley y el debido proceso se mantengan, sin importar la naturaleza de la acusación o denuncia”, agregó.
Puso como ejemplo la reciente denuncia de que en las Empresas Estatales Distribuidoras de Electricidad (EDES) se habría cometido un desfalco de RD$30,000 millones, lo que consideró proceder incorrecto.
“Lo primero que debió hacer el administrador general de esas entidades fue preparar un expediente acusatorio, antes de estar denunciando el presunto hecho, para que la Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), haga la investigación de lugar”, subrayó.
El Observatorio por un Justo Proceso”, está integrado por los juristas Eduardo Jorge Prats, Luz Díaz, Francisco Franco, Julio Cury, Emery Colomby Rodríguez, Luis Ernesto Peña, Carlos Julio Martínez, Juan Ramón Vásquez y Marisol García.
El nuevo TSE
En otro aspecto, Vásquez consideró que debido al deterioro de imagen que presenta actualmente el Tribunal Superior Electoral (TSE), los nuevos integrantes de esa alta corte deben ser personal que no respondan a intereses de determinados sectores sociales.
Citó entre esos sectores la Sociedad Civil, la que dijo está representada por Paricipación Ciudadana, así como el religioso y el empresarial, “los que presentan candidatos a las altas cortes con voluminosos expedientes, pero muchas veces sin saber nada acerca de las leyes que regulan los partidos y el sistema electoral dominicano”.
Dijo que, para evitar esa situación, lo más conveniente es que el TSE lo integren ciudadanos honestos, comprometidos con el desarrollo político del país, “pero, sobre todo, conocedores de los asuntos electorales, no por concesiones o favoritismo”.
En la escogencia de los nuevos integrantes del TSE lo que debe prevalecer es que tenga el perfil de un buen juez, no el de un miembro que represente intereses, para evitar que malos aspirantes sean escogidos y que de antemano se tenga a quienes serán los designados.
Sostuvo que muchas veces se habla de que los integrantes de las altas cortes sean independientes, “respecto a sustentar una posición político-partidista, pero no se objeta si responden a determinados grupos económicos, sociales y hasta religiosos”.
El Consejo Nacional de la Magistratura, dispuso que los currículos de los interesados en ser evaluados sean depositados en el edificio de la Magistratura en el Centro de los Héroes, cuya vigencia vence este lunes 21 de junio.
El pasado proceso electoral
En otra parte de la entrevista, Vásquez recordó lo que llamó “la experiencia negativa” vivida en el pasado proceso electoral por muchos precandidatos y candidatos, por fallos al margen de la ley, en la JCE, el TSE o en los mismos partidos políticos.
Reveló que el TSE tiene actualmente alrededor de 900 expedientes sin haber sido fallados, referentes a reclamos por parte de los partidos o candidatos, que fueron sustituidos, postulados en jurisdicciones diferentes a la de su residencia o lugar de nacimiento.
A su juicio, la acumulación de esos expedientes se debió a que el TSE “no preparó con tiempo una estructura, con un personal jurídico suficiente y por el tiempo que fuera necesario, para dar respuestas a esos reclamos”.
“Por eso, muchas veces el dispositivo de un caso contaba de una hoja, en la que sólo se hacía constar los nombres de los jueces, señalando si era inadmisible o no, y estableciendo si se le notificaba a la JCE, el partido o al candidato”, significó.
Agregó que puede decirse que en el TSE lo que se hacía era una especie de copy peace, con el mismo contenido, sin importar el lugar de dónde provenía la impugnación o reclamo.