En República Dominicana, denunciar puede convertirse en un acto de riesgo y el caso de Jetfe Ventura está obligando al país a mirarse en ese espejo.
Lo ocurrido no parte de una acusación vacía. El comunicador sostuvo una denuncia sobre la calidad del combustible en el país, respaldada —según ha explicado— en documentos oficiales obtenidos tras recurrir a los tribunales, luego de que se le negara inicialmente el acceso a esa información.
Ese punto es clave: hubo que acudir a la justicia para obtener un informe financiado con recursos públicos.
Y ese informe, de acuerdo con lo reportado en medios de comunicación, recogía evaluaciones realizadas en cientos de estaciones de servicio y evidenciaba que, en determinados períodos, el octanaje de la gasolina premium se situó por debajo del mínimo establecido por ley.
Ese dato debió encender todas las alarmas. Pero no lo hizo.
La discusión no derivó en un proceso público robusto de fiscalización ni en un debate institucional sostenido sobre la calidad del combustible. En cambio, el caso tomó otro rumbo.
Jetfe Ventura continuó sus denuncias, adquirió equipos para medir el octanaje y comenzó a realizar verificaciones en tiempo real, documentadas en video. Fue entonces cuando, según ha denunciado, comenzaron las amenazas.
Posteriormente, ocurrieron hechos de extrema gravedad. El comunicador reportó haber sido secuestrado y su vehículo fue encontrado días después incendiado. Estos hechos fueron recogidos por medios de comunicación y las autoridades informaron que se encontraban en proceso de investigación.
Sin embargo, hasta la fecha, la percepción pública es de lentitud y ausencia de resultados concluyentes.
Y en medio de ese escenario, se produce un giro que no puede pasar desapercibido: la empresa Petromóvil interpone una acción judicial por presunta difamación e injuria contra Ventura, y un tribunal le impone medidas de coerción.
Ese contraste es el corazón del problema. Porque mientras los hechos violentos asociados al caso no han sido esclarecidos con la celeridad que ameritan, el proceso judicial contra el denunciante avanza y eso envía un mensaje delicado.
Petromóvil tiene derecho a defender su reputación. Eso forma parte del Estado de derecho. Pero la sociedad también tiene derecho a cuestionar el orden de prioridades: ¿por qué el foco parece estar en quien denuncia y no en el fondo de lo denunciado?
Este caso no es solo sobre combustible, es sobre transparencia.
Es sobre acceso a la información pública, es sobre la capacidad del Estado de fiscalizar sectores sensibles y es, sobre todo, sobre las garantías reales que tiene un ciudadano cuando decide señalar una posible irregularidad.
Porque cuando denunciar implica enfrentarse a procesos judiciales, mientras hechos graves avanzan sin respuestas claras, el efecto no es neutral, desincentiva.
Y una sociedad que deja de denunciar, deja de vigilar, si algo deja este caso es una advertencia: la libertad de expresión no se limita a poder hablar, sino a poder hacerlo sin que el costo sea desproporcionado.
Si esa condición no está garantizada, entonces el problema no es solo de un sector, es del sistema.
