SANTO DOMINGO.- El exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo respondió este viernes sobre las denuncias de irregularidades detectadas por la cámara de cuentas en los contratos de compra de material asfáltico AC-30 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la empresa General Supply Corporation.
En una carta del 25 de noviembre de 2021, contenida en el informe elaborado por el órgano regulador, González respondió lo siguiente:
“Respecto a esta observación, tenemos a bien precisar que en el departamento deContabilidad del Ministerio de Obras Púbicas y Comunicaciones reposan todos y cada uno de los expedientes de pago con sus respectivos soportes, después que los mismos fueron revisados y autorizados por la Contraloría General de la República» indica en el comunicado.
Continuo diciendo, «cabe resaltar que dicha Contraloría General de la República digitaliza de manera íntegra cada expediente recibido y lo mantiene en sus archivos digitales, por lo que la información faltante bien puede ser ubicada con alguna diligencia personal adicional en los archivos de la Contraloría General de la República”.
Asimismo dijo que solicitó al ministro actual de Obras Públicas y a la Contraloría General de la República en fecha 17 de noviembre de 2021, los expedientes y documentos faltantes a fin de que se permita realizar los análisis completos de la documentación referida para dar respuesta a las cuestiones planteadas como objetivos del informe y de esa manera remitirlas oportunamente a esta Cámara de Cuentas.
Entre las anomalías encontradas en la investigación está que se pagó, sin evidencias de soporte documental, el monto de 3 mil 500 millones por concepto del contrato de línea de crédito suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas y el Banco de Reservas, que establece la retribución del 10 % en calidad de gasto por los servicios de diseño, administración e implementación del programa.
Asimismo están, la contratación sin evidencias del proceso de selección, ni monto contratado, adquisición del cemento asfáltico sin evidencias de apropiación presupuestaria, ausencia de certificados de calidad y ensayos del AC30, adquisición de derivados del petróleo a una empresa sin evidencias de licencia.