El Pregonero, Santiago.– La empresa Edenorte Dominicana, S.A. enfrentará un embargo ejecutivo luego de que presuntamente se negara a cumplir con los pagos establecidos en decisiones judiciales emitidas por tribunales del país, vinculadas a un proceso por daños y perjuicios.
De acuerdo con informaciones obtenidas de una fuente vinculada a la parte demandante, actualmente se encuentra en trámite la solicitud de auxilio de la fuerza pública ante la Fiscalía de Santiago, con el objetivo de ejecutar la sentencia mediante el embargo de bienes e instalaciones de la empresa distribuidora de electricidad.
El proceso judicial se originó con la sentencia No. 366-09-01321, dictada el 11 de junio de 2012 por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, que condenó a Edenorte al pago de daños y perjuicios.
Posteriormente, la empresa recurrió la decisión ante la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago, la cual confirmó la condena mediante la sentencia No. 1497-2023-SSEN-00028, ratificando la responsabilidad de la empresa en el caso.
Más adelante, Edenorte interpuso un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, el cual fue rechazado, quedando firme la sentencia condenatoria.
La empresa también intentó frenar la ejecución del fallo mediante un recurso de revisión constitucional, que fue declarado inadmisible por el Tribunal Constitucional mediante la sentencia TC/0087/26 .
Según el abogado Juan Pablo Quesada, representante legal del demandante, el monto de la condena supera los 20 millones de pesos dominicanos, suma que la empresa continúa sin pagar, pese a múltiples gestiones realizadas para lograr el cumplimiento voluntario de la sentencia.
Ante esta situación, los abogados del caso solicitaron formalmente a la Procuraduría Fiscal de Santiago el auxilio de la fuerza pública para proceder con la ejecución forzosa del embargo, amparados en una decisión judicial que posee autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, por lo que su cumplimiento resulta obligatorio conforme al ordenamiento jurídico dominicano.
El jurista sostuvo que el respeto a las decisiones judiciales constituye un pilar esencial del Estado de derecho, y advirtió que ninguna empresa o institución puede colocarse por encima de una sentencia definitiva emitida por los tribunales de la República Dominicana.
