Por: Pablo Vicente.
La comisión para la designación de los integrantes de la JCE cumplió su cometido, los nuevos jueces escogidos por el Senado de la República deben estar conscientes de la gran responsabilidad que tienen en sus manos frente a una sociedad que demanda y exige mayor nivel de compromiso y transparencia.
Estoy convencido de que la nueva JCE que estaría conformada por Román Jáquez, Manuel Ulises Arturo Bonelly Vega, Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Patricia Lorenzo y Samir Rafael Shamir Isa, son profesionales de perfil apartidista, con la experiencia y capacidad necesaria, pero sobre todo que no han estado involucrados en escándalo alguno, es decir que tienen una trayectoria loable ante la sociedad.
El nuevo presidente de la JCE que viene de presidir el Tribunal Superior Electoral, es una persona que ha demostrado integridad, imparcialidad y un apego estricto al cumplimiento de una administración de justicia apegado al cumplimiento de las leyes.
En sus manos descansa la gran responsabilidad de regular las actividades de los partidos y las agrupaciones políticas, el montaje de las elecciones internas y las nacionales, en cada una de las cuales se pone en juego la fortaleza del sistema democrático y el estado de derecho.
Los nuevos responsables del órgano electoral tienen el desafío de aplicar con mayor alcance y efectividad los mecanismos legales que otorga la Ley de Partidos, especialmente evitar el uso de los recursos del Estado en las campañas electorales y la inequidad en la competencia. En materia electoral, es necesario buscar soluciones a temas pendientes como el conteo de los votos y la transmisión sin traumas, la composición de juntas electorales con miembros más eficientes, pues fungen como tribunales de primera instancia en materia electoral.
La nueva Junta Central Electoral debe enfrentar de inmediato grandes desafíos para dotar los procesos electorales y a la propia institución electoral de una mayor confianza y credibilidad. Pero, además, y este es un tema del que pocas personas hablan, comprometerse con la efectiva modernización de las Oficialías del Estado Civil, la cual va más allá de la automatización del Registro Civil, pues supone también una verdadera reingeniería institucional, estableciendo procedimientos que ofrezcan un servicio eficiente y rápido a los ciudadanos; al tiempo que se garantiza la preservación y seguridad de las actas del estado civil.
En ese sentido es necesario resolver de una vez y por todo, los graves problemas que significan los cientos de miles de dominicanos y dominicanas sin documento de identidad, es decir, personas que viven pero que no existen ante la sociedad, por lo que no basta solamente con montar procesos electorales transparentes si miles de ciudadanos no cuentan con una identidad y por lo tanto no pueden a acceder a las múltiples políticas sociales que se ejecutan desde el Estado.
Solo esperamos que la nueva JCE pueda estar a la altura de la circunstancia e impulsar los cambios que demanda la sociedad en beneficio de la institución y el fortalecimiento democrático.
El autor es dominicano, presidente de FUJUDEL.