Corte permite a Jean Alain Rodríguez ir miércoles y jueves a trabajar a su oficina para que sustente a su familia 

Por redacciones

El Pregonero, Santo Domingo. La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogió de manera parcial la solicitud de variación de medida de coerción incoada por el exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez, principal implicado en el caso de corrupción Medusa.

La variación mantiene el arresto domiciliario de forma parcial, pues ahora permite que el imputado pueda ir de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde los miércoles y jueves a su oficina de trabajo y pueda ejercer como abogado y sustentar a su familia.

Rodríguez había pedido que le sea quitado el arresto domiciliario y también el grillete electrónico que le obliga a mantenerse en casa desde el pasado mes de enero.

Los jueces Luis Jiménez, Rosalba Garib y Delio Germán, explicaron que el señalado está en conflicto con la ley, más no por esto se le pueden restringir sus derechos a un trabajo digno para el sustento de su familia.

El Ministerio Público, representado en esta audiencia por el procurador adjunto titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho; Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Peca y el fiscal litigante Emmanuel Ramírez, indicó que todos los ciudadanos con medidas de coerción deberían tener entonces el mismo derecho.

“En la tarde de hoy, como hemos visto, el tribunal acogió parcialmente el pedimento de la defensa de Jean Alain Rodríguez, atribuyendo rango constitucional a lo que efectivamente es el derecho al trabajo; sin embargo, para el Ministerio Público surge la pregunta: ¿entonces, si todos los ciudadanos son iguales ante la ley, esto querría decir que todos los ciudadanos que también están sometidos a un proceso judicial, deberían tener los mismos derechos?, expresó mientras respondía preguntas de la prensa judicial.

La representante del Ministerio Público añadió “aunque somos respetuosos de las decisiones de los tribunales, este derecho no se tutela de igual forma para otros imputados, así es que seguimos viendo los privilegios a los que son sometidos estos imputados cuando se trata de estos grandes procesos, y nos pareciera que el derecho entonces no se aplica igual a todos los ciudadanos. Somos respetuosos de las decisiones de los tribunales y ya analizaremos los próximos pasos”, enfatizó Ortiz.

El magistrado Luis Jiménez, presidente de la sala, resaltó que dicha autorización debe ser los días miércoles y jueves y que solo se le permitirá ir a su oficina privada de abogados.

Además de Jiménez, el tribunal estuvo compuesto por Rosalba Garib y Delio Germán.

Junto a Ortiz, también representaron al Ministerio Público el procurador adjunto titular Pepca, Wilson Camacho, y el fiscal litigante Emmanuel Ramírez.

Caso Medusa

En el expediente de la Operación Medusa el Ministerio Público acusa a 41 personas físicas y 22 empresas de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.

Además del ex procurador general de la República, en el expediente de más de 12 mil páginas, el órgano persecutor acusa en este entramado de corrupción a Alfredo Alexander Solano, ex subdirector administrativo del Ministerio Público; a Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo.

Asimismo, a Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; a la exsubdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado, así como a Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y al exasesor Miguel José Moya.

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