@abrilpenaabreu
Los funcionarios suelen olvidar con demasiada facilidad cuál es su rol, especialmente aquellos que durante años construyeron una voz propia desde la opinión pública. Tal parece ser el caso de Roberto Santana Director de Prisiones, quien recientemente se despachó con una declaración tan alarmante como irresponsable: afirmó que los imputados del caso SENASA fueron separados del resto de la población carcelaria porque —según sus palabras— “querían picarlos vivos”.
La afirmación no es menor. Cuando comenzó a hablarse de que Las Parras sería un modelo distinto, en este medio nos hicimos una pregunta elemental: ¿había sido cambiado todo el personal del sistema? Porque para que ocurrieran las irregularidades que el propio Santana denunció durante años, debía existir —necesariamente— contubernio de autoridades.
Si Las Parras es distinta, si se supone que hay control total de las instalaciones, ¿cómo se explica entonces que se hable de riesgo de linchamiento? ¿No es segura esa cárcel? ¿O estamos, sin quererlo, frente a una confesión tácita de ineficiencia institucional?
Las palabras del director no solo generan dudas legítimas, sino que socavan la confianza en el propio sistema que dirige. Porque si el Estado no puede garantizar la integridad física de los privados de libertad bajo su custodia, el problema es mucho más profundo que un caso puntual.
A esto se suman los “piropos” —claramente negativos— dirigidos al partido de gobierno del cual él mismo forma parte. Todo ello revela a un funcionario que no termina de ubicarse en su realidad institucional. Porque una cosa es opinar desde la tribuna, y otra muy distinta es hablar cuando se ostenta una responsabilidad pública de alto nivel.
Una vez se acepta ser funcionario, el discurso importa. Y mucho.
No es solo lo que se dice, sino lo que se transmite, lo que se legitima y lo que se pone en duda.
Las declaraciones de Santana fueron destempladas, desafortunadas e irresponsables. Y lejos de aportar al debate o a la transparencia, hacen un flaco favor al clima de democracia y gobernabilidad que el país dice —y necesita— exhibir.
