Por: Jesús Batista Suriel
Felicito al excelentísimo señor Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, por reconocer en la Cumbre Iberoamericana que la República Dominicana advirtió reiteradamente sobre la crisis haitiana.
Lamentó que la comunidad internacional reaccionara tarde, cuando las pandillas ya habían extendido su control y violencia. Tuve la oportunidad de compartir con él durante una visita a nuestro país, invitado por el Parlamento Centroamericano, y conversar sobre la situación haitiana. Aunque el contexto no permitió profundizar, percibí su interés y preocupación.
Gracias señor vicepresidente por sus recientes planteamientos confirman la vigencia de aquellas advertencias y, definitivamente, hoy debemos admitir que Pelegrín Castillo y los Vincho tenían razón: la crisis debía tomarse en serio y atenderse con responsabilidad internacional.
Desde hace décadas, la Fuerza Nacional Progresista ha reclamado atención multilateral, cooperación efectiva y respeto al principio de soberanía. No era hablar por hablar: advertíamos que el problema podía desbordar el marco bilateral y adquirir alcance regional.
En ese pensamiento se destaca Pelegrín Castillo, como hombre de Estado, por vincular la crisis haitiana con la geopolítica. Su visión relaciona la crisis con la seguridad nacional y la competencia de potencias en el espacio estratégico del Gran Caribe. Sus obras Haití y los intereses nacionales y Choque de potencias en el Gran Caribe invitan a estudiar el problema desde una perspectiva histórica e internacional, más allá de la coyuntura y del titular del día.
La cronología nacional también ayuda a comprender la postura de la FNP. En 2013, el Tribunal Constitucional dictó la sentencia TC/0168/13 y, en 2014, se aprobó la Ley 169-14, en medio de un complejo debate sobre nacionalidad, Registro Civil y potestades del Estado. La FNP sostuvo sus planteamientos en esa controversia jurídica y política, con énfasis en la soberanía y el orden constitucional.
Ese episodio forma parte de nuestra trayectoria, pero debe distinguirse de la causa inmediata de la ruptura con el Gobierno. En 2015, la FNP abandonó el Gobierno y su alianza política. La organización defendió la necesidad de respetar los procedimientos y las garantías constitucionales pertinentes. La decisión implicó renunciar a posiciones de poder y asumir un costo político considerable.
No fue una maniobra para ganar votos a corto plazo, sino una determinación que la FNP vinculó a la defensa de la soberanía y el interés nacional.
Esa secuencia revela una concepción de la política que no se agota en la competencia electoral ni en los cargos. Cuando entendió que estaban comprometidos principios constitucionales o intereses esenciales de la República, la FNP tomó posición, aun sabiendo que podía perder aliados y respaldo político. Sostenemos que el deber de un partido político también consiste en asumir responsabilidades cuando el momento lo exige.
Como diputado de la Fuerza Nacional Progresista ante el Parlacen, he defendido en los foros de EuroLat en Perú y México, así como en todos los escenarios internacionales en los que me ha tocado participar, una postura coherente sobre la crisis haitiana. He sostenido que su solución debe construirse y concretarse en territorio haitiano, con acciones efectivas y responsabilidad internacional. En cualquier escenario, mantengo mi compromiso con la soberanía, el interés nacional y las soluciones reales para la región.
La respuesta debe procurar una solución en Haití, con responsabilidad de sus actores y cooperación internacional efectiva, conforme al derecho.
La República Dominicana puede colaborar dentro de sus capacidades, sin asumir competencias ajenas. La solidaridad no elimina la soberanía ni la obligación del Estado dominicano de proteger su territorio y su población. Por compartir isla y frontera, debemos actuar con prudencia: ayudar, sí; improvisar o cruzar límites jurídicos, no. Conviene recordar la máxima atribuida a Juan Pablo Duarte: Nuestra Patria ha de ser libre e independiente de toda Potencia extranjera o se hunde la isla.
República Dominicana advirtió repetidamente sobre la crisis haitiana. No era una alarma coyuntural ni un asunto limitado a la isla; el deterioro institucional y la expansión de las bandas criminales podían proyectar sus consecuencias sobre toda la región.
Que esa advertencia se reconozca hoy en un foro internacional confirma que la voz de la FNP debió escucharse mucho antes. Por eso recibo con satisfacción las declaraciones de Ulloa: aquel intercambio inicial encuentra ahora expresión pública en un escenario iberoamericano.
Hoy, más que nunca, resuena en los pueblos, las provincias y las calles de la República Dominicana el eslogan que tantos ciudadanos han hecho suyo. La realidad ha terminado por darle la razón a quienes durante años advirtieron sobre la gravedad de la crisis haitiana y sus consecuencias para la región.
LOS VINCHO TENÍAN RAZÓN.
