Por Rosa Iris Luciano
El Pregonero, Santo Domingo – El comunicador Manuel Cruz calificó el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, ejecutado durante el gobierno del expresidente Danilo Medina, como uno de los actos de mayor irresponsabilidad de esa administración, al cuestionar los recursos económicos destinados al programa y los resultados obtenidos.
Durante sus declaraciones, Cruz presentó cifras que, según explicó, figuran en documentos oficiales entregados por el Ministerio de Interior y Policía al Centro de Pensamiento Estratégico. De acuerdo con los datos expuestos por el comunicador, al proceso se acogieron 297,226 personas, de las cuales 291,158 eran de nacionalidad haitiana.
Cruz indicó que, de ese último grupo, 6,521 solicitudes fueron aprobadas, 4,673 rechazadas y 254,720 quedaron incompletas por falta de documentación. A partir de estas cifras, cuestionó la efectividad del procedimiento y sostuvo que el porcentaje de aprobación fue reducido en comparación con el total de solicitudes presentadas.
El comunicador también criticó la falta de precisión sobre el costo total del programa. Según la información que leyó durante su intervención, el Ministerio de Interior y Policía reportó gastos por RD$414,122,678, distribuidos entre los años 2014 y 2018, mientras que el monto global del plan habría sido objeto de estimaciones superiores.
“Casi 500 millones de pesos tirados a la basura”, expresó Cruz al referirse a los recursos que, a su juicio, se destinaron a un proceso cuyos resultados consideró insuficientes.
Asimismo, cuestionó que el Ministerio de Interior y Policía no pudiera precisar el gasto total del programa y señalara que otras instituciones debían proporcionar información financiera adicional.
Cruz insistió en que sus señalamientos están respaldados por documentos que, según afirmó, fueron suministrados al Centro de Pensamiento Estratégico, y planteó la necesidad de examinar el uso de los fondos públicos destinados al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.
Las cifras y los cuestionamientos fueron expuestos por el comunicador durante su intervención.
La determinación del costo total del programa y la evaluación integral de sus resultados requieren contrastar la documentación presentada con los registros financieros y administrativos de las instituciones involucradas.
