Por José Alberto Blanco
La República Dominicana celebra con orgullo el máximo galardón otorgado por la FAO, un reconocimiento que debería simbolizar políticas agrícolas sólidas y sostenibles. Sin embargo, mientras se exhibe este trofeo en escenarios internacionales, la realidad local muestra un panorama alarmante: el sector arrocero, columna vertebral de la seguridad alimentaria nacional, se encuentra al borde de la quiebra.
El acuerdo comercial DR-CAFTA estableció plazos claros para la desgravación arancelaria del arroz y otros productos sensibles.
Durante más de una década, los productores advirtieron que, sin un plan de reconversión, financiamiento y apoyo técnico, el país quedaría expuesto a una competencia desleal.
El Estado, pese a contar con tiempo y recursos, no diseñó ni ejecutó una estrategia integral. Hoy, los plazos se cumplen y la falta de previsión se traduce en vulnerabilidad estructural.
La apertura arancelaria abre la puerta a una avalancha de importaciones de arroz subsidiado, especialmente desde Estados Unidos y Centroamérica.
El costo de producción local por quintal oscila entre RD1,400, mientras que el arroz importado puede llegar al mercado por debajo de RD$900. Esta brecha de 25–35 % hace inviable competir y coloca a más de 30,000 productores en riesgo de insolvencia.
El sector, que aporta alrededor del 1.2 % del PIB agrícola, podría colapsar, generando desempleo rural y migración forzada.
La crisis del arroz no es solo un problema sectorial:Seguridad alimentaria: el país produce el 95 % del arroz que consume. Si las importaciones desplazan la producción local, se perdería la autosuficiencia y se dependería de precios internacionales.Balanza comercial: el aumento de importaciones incrementaría el déficit agrícola y reduciría la capacidad de inversión en innovación local.
La quiebra campesina afectaría comunidades enteras, debilitando la cohesión rural El espejismo del reconocimiento
El galardón de la FAO, en este contexto, se convierte en un símbolo vacío: una medalla que oculta la falta de responsabilidad frente a compromisos internacionales y la amenaza de perder el control sobre un alimento esencial.
La paradoja es evidente: se premia la “excelencia” mientras se ignora la urgencia.
La República Dominicana no puede celebrar un premio mundial mientras sus productores se hunden en deudas y el país se expone a una invasión de arroz barato. El reconocimiento internacional debe ser un punto de partida para la acción, no un pretexto para la inacción.
El Estado tiene la obligación de articular un plan integral de rescate y reconversión, que proteja la soberanía alimentaria y garantice que el arroz dominicano siga siendo el sustento de nuestras mesas y comunidades rurales.
