@abrilpenaabreu
Los accidentes ocurren y, por más precauciones que se adopten, seguirán ocurriendo. Lo que no debería repetirse es la improvisación con que algunas instituciones responden ante ellos y la falta de información que termina agravando el sufrimiento de las familias.
La muerte del adolescente Junior Rafael Reynoso Almonte, de 16 años, vuelve a poner sobre la mesa una preocupación que trasciende este caso: ¿cuentan nuestros centros educativos con protocolos de emergencia efectivos y está su personal preparado para ejecutarlos?
Las denuncias de sus familiares sobre las circunstancias del accidente y la atención recibida merecen una investigación rigurosa. Si se confirma que no se llamó oportunamente al 9-1-1 y que tampoco recibió atención en el hospital al que llegó VIVO con la prontitud requerida, estaríamos ante posibles fallas de dos servicios públicos esenciales: educación y salud.
Pero hay un tercer aspecto que merece igual atención y que suele quedar relegado: la obligación institucional de informar adecuadamente a las familias. Es perfectamente comprensible que unos padres que pierden a su hijo quieran conocer cada detalle de lo sucedido. Lo que resulta inadmisible es que deban enfrentarse, además, a versiones contradictorias, silencios y explicaciones insuficientes.
La incertidumbre que acompaña una pérdida semejante es inevitable; la que generan las instituciones por no comunicar oportunamente, no.
Y ahí comienza otro problema. Los vacíos informativos se convierten en terreno fértil para rumores, sospechas y teorías conspirativas. No necesariamente porque exista algo que ocultar, sino porque cuando faltan explicaciones verificables, cada quien termina construyendo su propia versión de los hechos.
La transparencia institucional no consiste en tener todas las respuestas desde el primer momento, sino en comunicar con responsabilidad lo que se sabe, reconocer lo que todavía se desconoce y mantener informados a los afectados.
Por eso, además de protocolos de prevención, primeros auxilios y traslado de emergencia, los centros educativos necesitan procedimientos claros para comunicarse con los familiares ante situaciones graves. Debe estar establecido quién informa, cuándo lo hace y cómo se garantiza un acompañamiento respetuoso durante todo el proceso.
No podemos exigirles a las instituciones que impidan absolutamente todos los accidentes, pero sí que estén preparadas para responder cuando ocurran. El Ministerio de Educación y el Servicio Nacional de Salud tienen la responsabilidad de esclarecer las actuaciones correspondientes en este caso y determinar si los procedimientos establecidos fueron cumplidos. Porque investigar una tragedia no debería limitarse a establecer qué ocurrió, sino también a identificar qué pudo hacerse mejor.
La familia de Junior merece conocer la verdad, sin especulaciones ni conclusiones anticipadas. Perder a un hijo es una tragedia irreparable. Tener que vivir, además, con la duda permanente de qué ocurrió y si pudo evitarse, es un sufrimiento por el que ninguna familia debería de pasar.
