Víctor Ángel Cuello
Hay momentos en que una sociedad está llamada a detenerse y mirar con mayor detenimiento lo que ocurre a su alrededor. No basta con reaccionar ante una noticia, expresar indignación en las redes sociales o reclamar medidas contundentes cuando un hecho de violencia o un caso de corrupción conmueve a la opinión pública. Cada episodio doloroso debería llevarnos a una pregunta más profunda: ¿qué estamos haciendo antes de que estas situaciones ocurran?
La pregunta no pretende restar importancia a la responsabilidad individual ni a la obligación del Estado de garantizar la seguridad, la transparencia, el cumplimiento de las leyes y la protección de la ciudadanía. Busca ampliar la mirada hacia aquello que ocurre antes del conflicto. Detrás de una agresión, una tragedia o el uso indebido de los recursos públicos suele existir un proceso previo: comportamientos aprendidos, problemas que no fueron atendidos a tiempo, principios debilitados, falta de oportunidades o comunidades que necesitan espacios de integración. Es en ese terreno donde la educación tiene una responsabilidad que no puede dejarse para después.
La educación no puede llegar después del aprieto. Su verdadero alcance comienza mucho antes de que aparezca el conflicto, cuando todavía es posible formar criterios, fortalecer valores y principios, aprender a convivir y desarrollar capacidades para tomar decisiones responsables. Una formación sistemática crea mejores condiciones para prevenir, enfrentar y superar situaciones que afectan la convivencia y el bienestar colectivo.
Una nación que aspira a vivir en paz y a fortalecer sus instituciones no puede limitarse a actuar cuando el daño ya está hecho, como recuerda el conocido refrán de poner el candado después que roban. La seguridad, la justicia, la fiscalización y las sanciones son indispensables, pero necesitan complementarse con una labor preventiva sostenida. Esa tarea comienza en el hogar y continúa en las escuelas, los liceos, los politécnicos, los colegios, las comunidades, los espacios culturales y deportivos y las instituciones de educación superior.
En tal virtud, la familia es el primer espacio donde comienza ese aprendizaje. Allí se aprende a escuchar, respetar límites, expresar desacuerdos y manejar las emociones, pero también a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, respetar lo ajeno, decir la verdad y asumir las consecuencias de los propios actos. Sin embargo, hablar de una crisis de valores exige cuidado. Miles de familias dominicanas educan con sacrificio, afecto, respeto y responsabilidad y, precisamente por eso, necesitan apoyo y políticas que fortalezcan su capacidad para acompañar a sus hijos. La formación de una persona no puede convertirse en una carga exclusiva de la familia; compromete también al sistema educativo, a las instituciones públicas y privadas y a la sociedad en su conjunto.
En los centros educativos, esa formación adquiere otra dimensión y su misión no se reduce a transmitir conocimientos. Matemáticas, ciencias, idiomas, historia, literatura, tecnología y educación física son fundamentales, pero también lo es aprender a convivir, respetar la dignidad de los demás, resolver diferencias mediante el diálogo y actuar con honestidad. Los valores cobran sentido cuando se viven cotidianamente y existe correspondencia entre lo que se enseña y lo que se practica.
Esta dimensión ética también tiene relación con un problema que afecta la confianza pública: la corrupción. Sería un error atribuirla únicamente a una deficiencia educativa, porque enfrentarla requiere controles efectivos, transparencia, rendición de cuentas, investigación y consecuencias legales. Pero determinadas prácticas corruptas también expresan una decisión: colocar el beneficio particular por encima del interés colectivo. Cuando alguien considera normal utilizar un cargo para favorecerse, apropiarse de recursos públicos o justificar un soborno bajo la idea de que «todo el mundo lo hace», no estamos solamente ante una infracción de la ley; también existe una conducta que debe ser cuestionada desde la formación ética.
Por eso, la lucha contra la corrupción tiene una dimensión que comienza antes de los tribunales. Supone formar ciudadanos que comprendan que los recursos públicos pertenecen a todos y que la honestidad no debería depender únicamente del temor a ser descubierto. La educación ética no sustituye los mecanismos de control ni la aplicación de la ley, pero puede contribuir a construir una ciudadanía menos tolerante frente a prácticas que debilitan la confianza en las instituciones.
Algo parecido ocurre con nuestros jóvenes. Una juventud necesita mucho más que advertencias: necesita oportunidades. El arte, la cultura, la lectura, el teatro, la música, el deporte, la participación comunitaria y el voluntariado ofrecen espacios para desarrollar disciplina, creatividad, sentido de pertenencia y compromiso con los demás. Un joven que encuentra un lugar donde crear, aprender, participar y servir también encuentra otras maneras de relacionarse con su comunidad. Abrir oportunidades no es solamente una política de inclusión; puede convertirse también en una forma concreta de prevención social.
Las instituciones de educación superior tienen mucho que aportar en esa tarea. Su responsabilidad no termina con la entrega de un título profesional, ya que cada egresado, desde las ciencias de la salud y la educación hasta las humanidades, las ciencias sociales, las ciencias naturales, las ingenierías, las tecnologías, las artes, la economía, la administración y las demás áreas del conocimiento, tendrá responsabilidades con las personas y con el entorno en el que ejercerá. La formación superior debe vincular conocimiento, ética, sensibilidad y compromiso ciudadano. La extensión social, la cultura, el servicio comunitario y el voluntariado permiten llevar el conocimiento fuera de las aulas y convertirlo en una herramienta de servicio. Así, las universidades e institutos superiores y técnicos no solo preparan profesionales; también participan en la formación de ciudadanos.
Pero la convivencia también se construye hoy en un escenario que forma parte de la vida cotidiana: las redes sociales. Tenemos más posibilidades de comunicarnos, pero eso no siempre significa que sepamos escucharnos mejor. Una diferencia de opinión puede convertirse en insulto, humillación o descalificación en cuestión de segundos. También allí hace falta educación. Expresar una idea no implica destruir la dignidad de quien piensa diferente. Aprender a debatir, disentir y responder sin agredir forma parte de la convivencia que necesitamos construir en el mundo digital.
Todos estos espacios están relacionados y, desde sus propias funciones, intervienen en la formación de las conductas y actitudes con las que convivimos. Por eso, la prevención no puede depender de un solo sector. El Estado, las familias, las instituciones educativas, las organizaciones sociales y la ciudadanía tienen responsabilidades distintas, pero deben articularse para actuar de manera oportuna y construir respuestas que permitan anticiparse a los problemas.
Los valores, además, no se transmiten solamente mediante discursos. Se aprenden observando. Un padre o una madre que escucha a su hijo está educando. Un docente que trata con dignidad a sus estudiantes está educando. Un ciudadano que cumple una norma aunque nadie lo vigile está educando. Un servidor público que actúa con honestidad también está educando. Cada uno de esos comportamientos transmite una idea de sociedad y demuestra que la formación ciudadana ocurre tanto en las aulas como en la vida cotidiana.
La República Dominicana enfrenta desafíos importantes en materia de seguridad, convivencia, transparencia y confianza institucional, pero también cuenta con una enorme capacidad de solidaridad, creatividad y organización. Hay familias que educan con principios, docentes que dejan huellas positivas, jóvenes que sirven a sus comunidades y ciudadanos que dedican parte de su tiempo a ayudar a los demás. Esas experiencias muestran que no partimos de cero. Existen valores, iniciativas y buenas prácticas que merecen ser reconocidos y fortalecidos.
El desafío consiste en convertir esas experiencias en una cultura más amplia y permanente: pasar de las acciones aisladas a procesos sostenidos y de los discursos sobre valores a formas concretas de vivirlos. La educación puede contribuir de manera decisiva porque trabaja sobre aspectos que ningún mecanismo de seguridad o sanción puede sustituir por completo: la formación de criterios, hábitos, convicciones y maneras de relacionarnos con los demás.
La educación, entonces, no debe aparecer cuando la tragedia ya ocurrió ni cuando el escándalo de corrupción ya salió a la luz. Su lugar está también en ese momento anterior, cuando todavía podemos formar, orientar, acompañar y corregir. Está en la casa, en los centros educativos, en las instituciones, en las comunidades y en cada espacio donde las personas aprenden a relacionarse con los demás.
Ese debería ser uno de nuestros grandes compromisos como país: no preguntarnos solamente qué hacer después del problema, sino qué podemos construir antes de que aparezca. Una sociedad que quiere prevenir entiende que muchas de las respuestas que busca frente a la crisis comienzan a construirse mucho antes, en la manera en que educamos, acompañamos, participamos y asumimos nuestras responsabilidades.
