Por Rosa Iris Luciano
El Pregonero, Santo Domingo – El comunicador Alfredo de la Cruz hizo un llamado a la Dirección General de Aduanas (DGA) para que valore la situación de BG Investment Group, empresa dedicada al reciclaje, clasificación y reclasificación de textiles usados que opera desde 2008 en el municipio de Oviedo, provincia Pedernales, y cuya actividad representa una fuente de empleo para decenas de familias de la zona.
De la Cruz destacó que la empresa, según lo expuesto durante su intervención, genera 85 empleos directos y alrededor de 250 indirectos, en una zona caracterizada por condiciones socioeconómicas desfavorables y limitadas oportunidades laborales.
En ese sentido, consideró que la continuidad de sus operaciones tiene un impacto que trasciende a la compañía y alcanza a trabajadores, familias y a la dinámica económica de la comunidad.
El comunicador señaló que BG Investment Group lleva aproximadamente 18 años operando en Oviedo, por lo que planteó que este elemento debería ser tomado en consideración por la DGA al momento de valorar la situación actual de la empresa.
Su llamado es a que, mientras las diferencias existentes sean dirimidas por las instancias correspondientes, se procure evitar que la paralización de las operaciones termine afectando a los trabajadores y a la economía local.
De la Cruz planteó la necesidad de revisar los mecanismos de valoración aplicados a este tipo de empresas, a fin de garantizar un trato equitativo frente a otras compañías que desarrollan actividades similares y que operan bajo la sombrilla de la
Ley 12-21 de Desarrollo Fronterizo.
Según su planteamiento, las reglas y procedimientos utilizados deben ser revisados para determinar si existe igualdad de condiciones entre empresas del mismo sector acogidas al régimen.
El comunicador también señaló que la empresa mantiene nueve contenedores retenidos, situación que, según explicó, ha contribuido a detener la producción.
Pidió a la DGA valorar alternativas que permitan preservar los empleos mientras se resuelven las diferencias por las vías correspondientes, sin que esto implique desconocer las facultades de la autoridad aduanera ni los procesos legales en curso.
De la Cruz insistió en que el objetivo de su planteamiento es llamar la atención sobre el impacto que una eventual paralización prolongada puede generar en una comunidad con necesidades de empleo, y pidió que se valore la trayectoria de la empresa, el marco legal aplicable y el principio de trato equitativo frente a otras compañías acogidas al régimen de desarrollo fronterizo.
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