Por Rosa Iris Luciano
El Pregonero, Santo Domingo – El comunicador Ernesto Jiménez cuestionó el uso de la fuerza letal por parte de las autoridades como estrategia para enfrentar la delincuencia y planteó si este modelo realmente está contribuyendo a mejorar la seguridad ciudadana en República Dominicana.
“Funciona salir a matar gente. Esa es una reflexión que hay que hacerla”, expresó Jiménez, quien sostuvo que existe preocupación por la cantidad de jóvenes que han muerto durante intervenciones policiales.
De acuerdo con datos recopilados por Diario Libre, 156 personas habían fallecido en intervenciones de la Policía durante los primeros ocho meses de 2026, una cifra inferior a las 169 registradas en el mismo período de 2025.
Jiménez cuestionó si la respuesta de las autoridades debe centrarse en el uso de la fuerza letal y advirtió sobre las implicaciones de otorgar a los agentes un margen que pueda terminar afectando el derecho a la vida.
“O nos matan los delincuentes y nos matan los policías. ¿Y si eso funciona?”, planteó durante su intervención.
El comunicador también reconoció que su postura puede resultar impopular en un contexto marcado por la indignación ante hechos delictivos, pero llamó a analizar los resultados de las políticas de seguridad más allá de las emociones generadas por casos particulares.
“Yo sé que la indignación nos lleva a querer abrirle las puertas a la barbarie y a entregarle a la Policía el derecho de matar o de decidir quién vive y quién muere”.
Sus cuestionamientos se producen en medio de un debate sobre el uso de la fuerza policial. Un análisis de Diario Libre señala que, desde 2020 hasta 2026, al menos 273 personas de entre 16 y 35 años han muerto en hechos en los que participaron agentes policiales.
Al mismo tiempo, las autoridades reportan una reducción de la tasa de homicidios: la Fuerza de Tarea Conjunta informó que la tasa acumulada se situó en 6.98 por cada 100,000 habitantes al 19 de junio de 2026, frente a 8.30 en el mismo período de 2025.
Ante estos datos, Jiménez planteó una interrogante sobre el modelo de seguridad que debe adoptar el país: “¿Es ese el modelo de política pública de una democracia que quiere avanzar a ser un país desarrollado? Hay que hacer la reflexión”.
