Por Elvin Castillo
Hay noticias que se publican por separado, pero que, cuando uno las coloca juntas, terminan contando una sola historia.
En estos días coinciden tres debates en la opinión pública: el margen de entre RD$3.50 y RD$4.00 entre la compra y la venta del dólar; la amenaza de Anadegas de retirar los verifones de unas 780 estaciones de combustibles; y los más de RD$62,000 millones en utilidades acumuladas por las Administradoras de Fondos de Pensiones entre 2012 y 2025.
A simple vista parecen temas distintos. Para mí, no lo son. En los tres casos encontramos mercados altamente concentrados, ciudadanos y pequeños empresarios con escaso poder de negociación, y un Estado que suele esperar a que la crisis explote antes de intervenir. Detrás de buena parte de estos negocios, además, aparecen algunos de los mismos conglomerados financieros.
Conviene hacer una precisión: no todas las AFP pertenecen a bancos. Sin embargo, las principales forman parte de grupos económicos que también controlan entidades bancarias, puestos de bolsa, fiduciarias, aseguradoras y empresas procesadoras de pagos.
Esa integración no es ilegal ni implica automáticamente una irregularidad. Pero cuando un mismo grupo capta depósitos, procesa pagos, cobra comisiones, administra fondos previsionales y participa en la colocación de deuda, el Estado tiene la obligación de vigilar con mayor rigor. El problema es que aquí, con demasiada frecuencia, las autoridades prefieren mirar hacia otro lado.
EL DÓLAR: ENTRE EL COSTO DEL RIESGO Y LA FALTA DE TRANSPARENCIA
Los bancos tienen derecho a obtener rentabilidad en la compraventa de divisas. Operar en el mercado cambiario implica asumir costos, administrar liquidez y enfrentar los riesgos derivados de las variaciones en el precio de las monedas.
Sin embargo, una cosa es cubrir los costos y riesgos propios de esa actividad y otra muy distinta es aceptar, sin cuestionamientos, un diferencial de hasta RD$4.00 que comienza a parecer una constante del mercado, en lugar de una distorsión temporal.
Cuando ese margen se aplica a los miles de millones de dólares que movilizan las remesas, el comercio, el turismo y los ahorrantes, la ganancia deja de ser un simple reflejo de los costos operativos y puede convertirse en una renta extraordinaria.
¿Qué proporción de ese margen responde realmente a costos y riesgos? ¿Qué parte representa beneficio puro? ¿Qué autoridad evalúa si el diferencial es razonable?
No se trata de fijar el precio del dólar mediante un decreto, porque eso podría generar escasez y distorsiones aún mayores. Se trata de garantizar competencia y transparencia.
El Banco Central y la Superintendencia de Bancos deberían publicar diariamente un comparativo accesible con las tasas de compra y venta de cada entidad, los márgenes aplicados y su comportamiento histórico. Con información clara, el ciudadano sabría dónde realizar sus operaciones y la competencia obligaría a reducir los márgenes excesivos.
VERIFONES Y COMBUSTIBLES: EL PESO DE LA INTERMEDIACIÓN
El conflicto de las estaciones de servicio ilustra con claridad la desproporción que puede producirse en el sistema de pagos. Anadegas sostiene que las comisiones por cobros electrónicos absorben cerca del 27 % de su beneficio bruto.
Es cierto que operar una red de pagos requiere inversiones en tecnología, ciberseguridad, prevención de fraudes y licencias internacionales. Sin embargo, el problema de fondo se encuentra en la forma en que se calcula la comisión.
El porcentaje se cobra sobre el precio total del galón de combustible, mientras que el detallista trabaja con un margen regulado cercano a RD$25 por galón. Si el costo del pago electrónico consume alrededor de RD$7 de ese margen, el sistema financiero termina recibiendo más de una cuarta parte del beneficio bruto del comerciante sin asumir los gastos de transporte, almacenamiento, seguridad, nómina, mantenimiento ni los riesgos ambientales propios de una estación.
La solución no puede ser regresar al efectivo. Retirar los verifones perjudicaría a los consumidores, aumentaría los riesgos de seguridad y frenaría la formalización de la economía. Lo que corresponde es revisar y regular el costo de la intermediación.
Brasil enfrentó un problema parecido. Estableció un límite de 0.5 % para la tarifa de intercambio en las operaciones con tarjetas de débito y, al mismo tiempo, masificó Pix, un sistema de pagos inmediatos e interoperables mediante códigos QR, desarrollado bajo la dirección de su Banco Central.
En la República Dominicana no tenemos que inventar la rueda. El Banco Central ya cuenta con la infraestructura de Pagos Instantáneos vinculada al sistema LBTR. Lo que falta es voluntad para extender su uso al comercio, desarrollar pagos interoperables mediante códigos QR y establecer tarifas mínimas que permitan competir a bancos, cooperativas y empresas de tecnología financiera.
LAS AFP: UN MERCADO OBLIGATORIO QUE EXIGE EQUIDAD
El caso de las AFP es todavía más delicado porque los trabajadores no ingresan voluntariamente al sistema. Cotizar constituye una obligación establecida por la ley.
Mientras el fondo acumulado crece de manera sostenida gracias a las aportaciones de los trabajadores, las administradoras han obtenido utilidades multimillonarias sin que sus gastos operativos aumenten en una proporción semejante.
Aunque la comisión porcentual ha disminuido por mandato legal, el volumen del patrimonio administrado es tan elevado que los beneficios netos de las AFP continúan creciendo. Al mismo tiempo, la rentabilidad real de las cuentas individuales permanece bajo el escrutinio de unos afiliados que se preguntan si sus ahorros serán suficientes para garantizarles una pensión digna.
Reducir la comisión de las AFP del 0.90 % al 0.65 % sería un primer paso, pero no basta con disminuirla. La ley debe disponer expresamente que esa diferencia sea acreditada mensualmente a las cuentas individuales de los afiliados.
De esa manera, miles de millones de pesos permanecerían en manos de sus verdaderos propietarios: los trabajadores. La reducción también debe acompañarse de una prohibición expresa de crear cargos indirectos para recuperar lo dejado de cobrar, controles estrictos sobre las inversiones en empresas vinculadas a los mismos grupos financieros y mecanismos de rendición de cuentas basados en el desempeño de mediano plazo.
REGLAS CLARAS, NO ATAQUES A LA EMPRESA PRIVADA
Cuestionar estas prácticas suele provocar la acusación de que se está atacando la iniciativa privada. Nada más distante de la realidad.
La empresa privada, la inversión de capital y el desarrollo de mercados eficientes son pilares indispensables para el crecimiento económico. Pero existe una diferencia fundamental entre obtener una rentabilidad legítima y acumular beneficios extraordinarios gracias a posiciones dominantes, mercados concentrados o regulaciones insuficientes.
El papel del Estado no es garantizarles ganancias extraordinarias a unos pocos ni ahogar a las empresas con controles irracionales. Su responsabilidad consiste en corregir las asimetrías de poder, proteger la competencia y establecer reglas que permitan una distribución más justa de los beneficios.
Un país no se fortalece cuando los mismos sectores ganan siempre, mientras el costo recae sobre trabajadores, consumidores y pequeños comerciantes. Se fortalece cuando las empresas prosperan en un mercado competitivo, los comerciantes reciben un beneficio justo y los ciudadanos acceden a servicios financieros transparentes y equitativos.
No se trata de impedir que los bancos, las procesadoras de pagos o las AFP obtengan beneficios. Se trata de ponerle límites a una voracidad que parece no reconocerlos.
Porque cuando la rentabilidad de unos pocos depende del sacrificio permanente de la mayoría, ya no estamos hablando de un mercado eficiente. Estamos hablando de un abuso que el Estado tiene la obligación de corregir.
TRES NEGOCIOS, UNA MISMA VORACIDAD
Por Elvin Castillo
Hay noticias que se publican por separado, pero que, cuando uno las coloca juntas, terminan contando una sola historia.
En estos días coinciden tres debates en la opinión pública: el margen de entre RD$3.50 y RD$4.00 entre la compra y la venta del dólar; la amenaza de Anadegas de retirar los verifones de unas 780 estaciones de combustibles; y los más de RD$62,000 millones en utilidades acumuladas por las Administradoras de Fondos de Pensiones entre 2012 y 2025.
A simple vista parecen temas distintos. Para mí, no lo son. En los tres casos encontramos mercados altamente concentrados, ciudadanos y pequeños empresarios con escaso poder de negociación, y un Estado que suele esperar a que la crisis explote antes de intervenir. Detrás de buena parte de estos negocios, además, aparecen algunos de los mismos conglomerados financieros.
Conviene hacer una precisión: no todas las AFP pertenecen a bancos. Sin embargo, las principales forman parte de grupos económicos que también controlan entidades bancarias, puestos de bolsa, fiduciarias, aseguradoras y empresas procesadoras de pagos.
Esa integración no es ilegal ni implica automáticamente una irregularidad. Pero cuando un mismo grupo capta depósitos, procesa pagos, cobra comisiones, administra fondos previsionales y participa en la colocación de deuda, el Estado tiene la obligación de vigilar con mayor rigor. El problema es que aquí, con demasiada frecuencia, las autoridades prefieren mirar hacia otro lado.
EL DÓLAR: ENTRE EL COSTO DEL RIESGO Y LA FALTA DE TRANSPARENCIA
Los bancos tienen derecho a obtener rentabilidad en la compraventa de divisas. Operar en el mercado cambiario implica asumir costos, administrar liquidez y enfrentar los riesgos derivados de las variaciones en el precio de las monedas.
Sin embargo, una cosa es cubrir los costos y riesgos propios de esa actividad y otra muy distinta es aceptar, sin cuestionamientos, un diferencial de hasta RD$4.00 que comienza a parecer una constante del mercado, en lugar de una distorsión temporal.
Cuando ese margen se aplica a los miles de millones de dólares que movilizan las remesas, el comercio, el turismo y los ahorrantes, la ganancia deja de ser un simple reflejo de los costos operativos y puede convertirse en una renta extraordinaria.
¿Qué proporción de ese margen responde realmente a costos y riesgos? ¿Qué parte representa beneficio puro? ¿Qué autoridad evalúa si el diferencial es razonable?
No se trata de fijar el precio del dólar mediante un decreto, porque eso podría generar escasez y distorsiones aún mayores. Se trata de garantizar competencia y transparencia.
El Banco Central y la Superintendencia de Bancos deberían publicar diariamente un comparativo accesible con las tasas de compra y venta de cada entidad, los márgenes aplicados y su comportamiento histórico. Con información clara, el ciudadano sabría dónde realizar sus operaciones y la competencia obligaría a reducir los márgenes excesivos.
VERIFONES Y COMBUSTIBLES: EL PESO DE LA INTERMEDIACIÓN
El conflicto de las estaciones de servicio ilustra con claridad la desproporción que puede producirse en el sistema de pagos. Anadegas sostiene que las comisiones por cobros electrónicos absorben cerca del 27 % de su beneficio bruto.
Es cierto que operar una red de pagos requiere inversiones en tecnología, ciberseguridad, prevención de fraudes y licencias internacionales. Sin embargo, el problema de fondo se encuentra en la forma en que se calcula la comisión.
El porcentaje se cobra sobre el precio total del galón de combustible, mientras que el detallista trabaja con un margen regulado cercano a RD$25 por galón. Si el costo del pago electrónico consume alrededor de RD$7 de ese margen, el sistema financiero termina recibiendo más de una cuarta parte del beneficio bruto del comerciante sin asumir los gastos de transporte, almacenamiento, seguridad, nómina, mantenimiento ni los riesgos ambientales propios de una estación.
La solución no puede ser regresar al efectivo. Retirar los verifones perjudicaría a los consumidores, aumentaría los riesgos de seguridad y frenaría la formalización de la economía. Lo que corresponde es revisar y regular el costo de la intermediación.
Brasil enfrentó un problema parecido. Estableció un límite de 0.5 % para la tarifa de intercambio en las operaciones con tarjetas de débito y, al mismo tiempo, masificó Pix, un sistema de pagos inmediatos e interoperables mediante códigos QR, desarrollado bajo la dirección de su Banco Central.
En la República Dominicana no tenemos que inventar la rueda. El Banco Central ya cuenta con la infraestructura de Pagos Instantáneos vinculada al sistema LBTR. Lo que falta es voluntad para extender su uso al comercio, desarrollar pagos interoperables mediante códigos QR y establecer tarifas mínimas que permitan competir a bancos, cooperativas y empresas de tecnología financiera.
LAS AFP: UN MERCADO OBLIGATORIO QUE EXIGE EQUIDAD
El caso de las AFP es todavía más delicado porque los trabajadores no ingresan voluntariamente al sistema. Cotizar constituye una obligación establecida por la ley.
Mientras el fondo acumulado crece de manera sostenida gracias a las aportaciones de los trabajadores, las administradoras han obtenido utilidades multimillonarias sin que sus gastos operativos aumenten en una proporción semejante.
Aunque la comisión porcentual ha disminuido por mandato legal, el volumen del patrimonio administrado es tan elevado que los beneficios netos de las AFP continúan creciendo. Al mismo tiempo, la rentabilidad real de las cuentas individuales permanece bajo el escrutinio de unos afiliados que se preguntan si sus ahorros serán suficientes para garantizarles una pensión digna.
Reducir la comisión de las AFP del 0.90 % al 0.65 % sería un primer paso, pero no basta con disminuirla. La ley debe disponer expresamente que esa diferencia sea acreditada mensualmente a las cuentas individuales de los afiliados.
De esa manera, miles de millones de pesos permanecerían en manos de sus verdaderos propietarios: los trabajadores. La reducción también debe acompañarse de una prohibición expresa de crear cargos indirectos para recuperar lo dejado de cobrar, controles estrictos sobre las inversiones en empresas vinculadas a los mismos grupos financieros y mecanismos de rendición de cuentas basados en el desempeño de mediano plazo.
REGLAS CLARAS, NO ATAQUES A LA EMPRESA PRIVADA
Cuestionar estas prácticas suele provocar la acusación de que se está atacando la iniciativa privada. Nada más distante de la realidad.
La empresa privada, la inversión de capital y el desarrollo de mercados eficientes son pilares indispensables para el crecimiento económico. Pero existe una diferencia fundamental entre obtener una rentabilidad legítima y acumular beneficios extraordinarios gracias a posiciones dominantes, mercados concentrados o regulaciones insuficientes.
El papel del Estado no es garantizarles ganancias extraordinarias a unos pocos ni ahogar a las empresas con controles irracionales. Su responsabilidad consiste en corregir las asimetrías de poder, proteger la competencia y establecer reglas que permitan una distribución más justa de los beneficios.
Un país no se fortalece cuando los mismos sectores ganan siempre, mientras el costo recae sobre trabajadores, consumidores y pequeños comerciantes. Se fortalece cuando las empresas prosperan en un mercado competitivo, los comerciantes reciben un beneficio justo y los ciudadanos acceden a servicios financieros transparentes y equitativos.
No se trata de impedir que los bancos, las procesadoras de pagos o las AFP obtengan beneficios. Se trata de ponerle límites a una voracidad que parece no reconocerlos.
Porque cuando la rentabilidad de unos pocos depende del sacrificio permanente de la mayoría, ya no estamos hablando de un mercado eficiente. Estamos hablando de un abuso que el Estado tiene la obligación de corregir.
