El Pregonero, Santo Domingo.-La Comisión Nacional de los Derechos Humanos sometió ante el Tribunal Constitucional una acción directa de inconstitucionalidad, acompañada de una solicitud de extrema urgencia y suspensión provisional, contra la Resolución 624-02 del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), al considerar que su aplicación podría afectar los derechos de cerca de un millón de dominicanos afiliados al Seguro Familiar de Salud (SFS).
La entidad cuestiona específicamente la implementación del denominado per cápita diferenciado, mecanismo que modifica la forma en que se distribuyen entre las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) los recursos destinados a cubrir las atenciones médicas de sus afiliados.
Según explicó la Comisión, el nuevo modelo establece asignaciones tomando en consideración variables como la edad y el sexo, otorgando mayores recursos por aquellos afiliados que estadísticamente demandan más servicios de salud, entre ellos adultos mayores y mujeres.
Como consecuencia, sostiene la institución, otros segmentos de la población, particularmente jóvenes y personas consideradas de menor riesgo, podrían representar una asignación inferior dentro del nuevo esquema.
La Comisión advirtió que ser joven o registrar un menor uso de los servicios médicos no significa necesitar menos protección, debido a que cualquier afiliado puede enfrentar inesperadamente un accidente, una enfermedad grave, una cirugía o un tratamiento de alto costo.
“Un millón de dominicanos no puede verse solo como una cifra. Detrás de cada afiliado hay una persona que puede necesitar atención médica urgente o un tratamiento costoso en cualquier momento”, expresó la institución.
Pide al TC intervenir
La acción presentada busca que el Tribunal Constitucional determine si la Resolución 624-02 es compatible con derechos fundamentales establecidos en la Constitución dominicana, particularmente los relativos a la igualdad, la seguridad social, la salud y el debido proceso, contemplados en los artículos 39, 60, 61 y 69.
Asimismo, la Comisión sostiene que la disposición podría entrar en contradicción con el artículo 3 de la Ley 87-01, que consagra principios como la universalidad, solidaridad, equidad y equilibrio financiero dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social.
La organización argumenta que la resolución presenta posibles “vicios de invalidez constitucional” al entender que no existió un proceso participativo suficiente con los afiliados y demás sectores que sostienen el sistema.
También cuestiona, entre otros aspectos, la motivación y divulgación de los estudios técnicos que justificarían la medida y demostrarían su impacto sobre la población afiliada.
La Comisión señala además un posible incumplimiento de los artículos 9 y 10 de la Ley 167-21, relativos a la evaluación de los efectos de nuevas regulaciones antes de su aprobación.
A juicio de la entidad, no se han presentado públicamente estudios suficientes que permitan establecer con claridad las consecuencias y eventuales riesgos que tendría el nuevo modelo tanto para los afiliados como para el propio Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Exigen respuestas sobre afiliados y ARS
Ante el escenario, la Comisión solicitó a las autoridades explicar cuántos afiliados recibirán una asignación menor con el nuevo esquema, cuáles ARS resultarían afectadas y cuáles mecanismos han sido establecidos para impedir retrasos, restricciones o disminuciones en la calidad de las prestaciones médicas.
La institución aclaró que no se opone a que el sistema otorgue una mayor protección a las personas con mayores necesidades sanitarias. Sin embargo, entiende que esa protección no debe producirse sin garantías suficientes de que los demás afiliados conservarán sus niveles de cobertura y acceso a los servicios.
“La prioridad debe ser garantizar una atención digna, oportuna y de calidad para todos los afiliados, sin importar su edad, sexo o historial de utilización de los servicios médicos”, sostuvo.
Finalmente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió al Tribunal Constitucional acoger la acción directa de inconstitucionalidad e intervenir en defensa de los afiliados que, según afirma, podrían resultar afectados por la aplicación de la Resolución 624-02.
