@abrilpenaabreu
En República Dominicana acabamos de conocer dos casos diferentes, pero unidos por una misma pregunta: ¿quién está protegiendo realmente a nuestras niñas?
Una adolescente de 14 años murió en una vivienda del sector Mendoza, en Santo Domingo Este, donde se encontraba con un policía de 23 años. El arma reglamentaria del agente está en poder de las autoridades y será sometida a las pruebas correspondientes.
Al mismo tiempo, se ha informado sobre otra niña, de apenas 12 años, que permanece en cuidados intensivos después de llevar un embarazo a término. Mientras se esperan informaciones oficiales más completas sobre este segundo caso, existe una realidad que no admite discusión: una niña de 12 años embarazada no representa un simple caso de “maternidad precoz”. Representa una posible agresión sexual, un embarazo infantil y el fracaso de todos los mecanismos llamados a protegerla.
Son dos casos distintos, pero en ambos aparece la misma cadena de interrogantes: ¿dónde estaban la familia, la escuela, la comunidad y las instituciones? ¿Cómo puede un adulto acercarse, mantener contacto o relacionarse con una niña sin que se active una sola alarma? ¿Cómo puede una menor atravesar prácticamente todo un embarazo sin que el sistema determine quién la embarazó y bajo cuáles circunstancias?
En el caso de la adolescente de 14 años, existen versiones contradictorias. La Policía informó preliminarmente sobre una presunta relación sentimental entre la menor y el agente. La familia de la niña niega que existiera una relación clandestina y sostiene que el policía la convenció para que saliera de su sector. El padre del agente, por su parte, afirma que su hijo le contó que estaba descansando cuando la adolescente tomó el arma reglamentaria.
Ninguna de esas versiones sustituye las conclusiones de la autopsia, la balística, las pruebas de residuos de pólvora ni la reconstrucción de los hechos. Corresponde al Ministerio Público determinar quién manipuló el arma y cómo se produjeron los disparos.
Pero independientemente de quién apretara el gatillo, hay preguntas que el agente tendrá que responder: ¿qué hacía una niña de 14 años en su habitación? ¿Cómo llegó hasta aquella vivienda? ¿Por qué su arma reglamentaria estaba al alcance de una menor? ¿Quiénes conocían el contacto entre ambos?
Tampoco podemos continuar describiendo automáticamente estas situaciones como “relaciones sentimentales”. Una niña de 14 años no era la esposa de ese policía. El matrimonio infantil está prohibido en República Dominicana desde la Ley 1-21. Ninguna supuesta autorización familiar podría convertir en legítima una relación prohibida por la ley ni transformar a una niña en adulta.
Hasta ahora, además, no existe confirmación confiable de que el padre de la adolescente conociera o autorizara aquella relación. Por el contrario, la madre y la abuela sostienen que la familia desconocía el vínculo. Si posteriormente se demostrara que algún adulto responsable sabía lo que ocurría y lo permitió, su actuación también tendría que ser investigada. Pero no podemos presentar una versión sin confirmar como un hecho.
Este caso vuelve a colocar bajo escrutinio a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Los estudios disponibles indican que policías y militares representaron aproximadamente el 20 % de los autores de feminicidios analizados durante 2024. No es exactamente una tercera parte, pero sigue siendo una proporción extraordinariamente preocupante para instituciones encargadas de proteger a la población.
En varios de esos casos se utilizaron armas de fuego y, entre los uniformados, aparece repetidamente el arma reglamentaria.
¿Qué evaluaciones psicológicas reciben realmente los aspirantes antes de ingresar? Sabemos que el proceso reformado contempla entrevistas, verificación de antecedentes y polígrafo. Pero ¿qué instrumentos psicológicos y psiquiátricos se aplican? ¿Quién los aplica? ¿Cuáles conductas descalifican a un aspirante? ¿Cuántos son rechazados y por qué?
Y después del ingreso, ¿qué seguimiento se les ofrece? La evaluación psicológica no puede ser un trámite realizado una sola vez para completar un expediente. Una persona puede ingresar aparentemente estable y deteriorarse después por el estrés, los turnos prolongados, la exposición a hechos violentos, los problemas familiares, el consumo de alcohol u otras sustancias, las deudas o los conflictos emocionales.
Quien porta un arma del Estado debería someterse a evaluaciones psicológicas periódicas, obligatorias e independientes. También deberían existir revisiones extraordinarias ante denuncias de violencia doméstica, amenazas, conductas posesivas, conflictos graves de pareja, uso irregular del arma o cambios preocupantes de comportamiento.
Esto no significa atribuir todos los feminicidios a enfermedades mentales. La violencia contra las mujeres y las niñas también se alimenta del machismo, la posesividad, el abuso de poder y la creencia de que una pareja es una propiedad. Por eso no basta con ofrecer terapia: se necesita formación permanente sobre violencia de género, derechos de la niñez, manejo de conflictos y uso responsable de las armas.
La reforma policial no puede medirse únicamente por nuevos uniformes, patrullas, salarios o destacamentos. También debe medirse por la capacidad de detectar a tiempo cuándo un agente representa un peligro, retirarle preventivamente el arma y brindarle atención antes de que ocurra una tragedia.
Y la protección infantil tampoco puede limitarse a reaccionar después de que una niña muere o llega a cuidados intensivos.
Una niña de 12 años no debería atravesar un embarazo completo bajo la mirada indiferente de los adultos. Una niña de 14 años no debería terminar en la habitación de un policía adulto con un arma reglamentaria involucrada en su muerte.
No basta con preguntar quién disparó o quién produjo el embarazo. También debemos preguntar quién sabía, quién sospechó, quién decidió no intervenir y cuáles instituciones dejaron de cumplir su responsabilidad. Porque cuando todas las alarmas fallan al mismo tiempo, ya no estamos solamente ante tragedias familiares. Estamos ante un fracaso colectivo del sistema encargado de proteger a nuestras niñas.
