Por Juan Manuel Morel Pérez
Abogado, doctor en derecho Administrativo iberoamericano, Magister en Seguridad y Defensa Nacional, Especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional humanitario, Coordinador del Observatorio de Seguridad y Defensa-RD
j.morelperez@gmail.com
Twitter @juanmanuelRDsoyyo
Recientemente el director general de la Policía Nacional designó al general Ángel García Jaime al frente de la Policía Comunitaria. Muchos se han preguntado cuál es el rol de esta dirección, algunos incluso han comentado en espacios digitales que si esa dirección policial regala canastillas o colchones. Por ello me he motivado a explicar su verdadera función dentro de la seguridad pública y su relación con los derechos humanos.
La seguridad pública constituye uno de los principales desafíos de los Estados modernos, especialmente en sociedades donde la criminalidad, la violencia y el crecimiento de la brecha social afectan la convivencia. Frente a estos retos surge el modelo de Policía Comunitaria, orientado a transformar la relación tradicional entre la institución policial y la ciudadanía, pasando de un esquema de control y reacción hacia uno preventivo, participativo y colaborativo. Este enfoque fortalece la confianza ciudadana mediante el diálogo permanente, la proximidad y la solución conjunta de los problemas, integrando a los ciudadanos en la identificación de riesgos y en la construcción de soluciones de seguridad.
Históricamente, los modelos policiales se enfocaban en la respuesta posterior al delito; sin embargo, las nuevas realidades sociales evidenciaron la necesidad de estrategias preventivas capaces de atender las causas de la violencia. La Policía Comunitaria surge como respuesta a esta transformación, con avances iniciales en Estados Unidos y Reino Unido durante las décadas de 1970 y 1980, y posteriormente se extendió a otros países incorporando principios como la descentralización, la participación ciudadana y la solución colaborativa de problemas.
Este modelo se fundamenta en tres pilares esenciales: proximidad, que acerca la policía a la comunidad y construye confianza; participación, que integra a los habitantes en la identificación y solución de problemas; y prevención, que busca actuar antes de que ocurra el delito mediante estrategias sociales y situacionales.
Existe una relación directa entre la Policía Comunitaria y los Derechos Humanos, pues su filosofía se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en la protección de las libertades fundamentales. Al actuar bajo principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad, se convierte en garante de derechos, demostrando que seguridad y derechos humanos no son conceptos opuestos, sino complementarios: proteger derechos es condición indispensable para lograr una convivencia democrática y sostenible.
La seguridad del futuro no puede depender exclusivamente de la reacción policial frente al delito; requiere la participación activa de ciudadanos comprometidos en la construcción de un modelo preventivo. En este sentido, la Policía Comunitaria representa más que una estrategia operativa: es una filosofía institucional que exige compromiso ético, confianza mutua y una visión donde la protección de la sociedad y la defensa de la dignidad humana sean objetivos inseparables. La seguridad es un derecho colectivo que se construye desde la comunidad mediante corresponsabilidad y confianza mutua.
La designación del general Ángel García Jaime al frente de la Dirección de Policía Comunitaria constituye un paso decisivo para consolidar este modelo en la República Dominicana, llamado a fortalecer la legitimidad institucional, garantizar que la articulación de la actuación policial con los derechos humanos y promover una seguridad publica donde ciudadanos vayan de las manos con la policía. Bajo su conducción, la Policía Comunitaria puede convertirse en un verdadero puente entre la institución y población , reafirmando que la seguridad del futuro se construye colectivamente, con ética, confianza y corresponsabilidad.
