@abrilpenaabreu
El Ministerio Público ha solicitado cuatro meses adicionales para presentar la acusación formal del caso Senasa, la ley contempla esa posibilidad y pedir una extensión no significa, por sí solo, que el proceso esté fracasando. La magnitud y complejidad de una investigación pueden requerir tiempo adicional.
Pero este no es un expediente cualquiera. El propio Ministerio Público presentó la denominada Operación Cobra como uno de los casos de corrupción más graves investigados en el país. Según la acusación preliminar, el presunto desfalco contra el Seguro Nacional de Salud superaría los RD$15,000 millones y tendría como principal señalado a su exdirector, Santiago Hazim.
Han transcurrido ocho meses desde aquella presentación. Hubo allanamientos, arrestos, testimonios y acusaciones públicas estremecedoras. Ahora se informa que las autoridades han reunido más de 16,000 cajas de documentos, mientras continúan apareciendo nuevas ramificaciones de la investigación. Sin embargo, la justicia no se mide por el número de cajas acumuladas, la cantidad de allanamientos realizados ni el volumen de un expediente.
Se mide por la capacidad de presentar pruebas claras, establecer responsabilidades individuales, recuperar el dinero presuntamente sustraído y obtener decisiones judiciales que puedan sostenerse frente a las apelaciones.
El Ministerio Público tiene derecho a solicitar el tiempo que legalmente necesite. Pero la sociedad también tiene derecho a recibir una explicación convincente sobre el avance real del proceso. Especialmente porque no hablamos únicamente de una posible sustracción de fondos públicos. Hablamos de recursos destinados a consultas, medicamentos, tratamientos y procedimientos médicos de millones de personas.
Cada peso presuntamente desviado de Senasa pudo representar una autorización negada, una medicina que no llegó o un paciente obligado a esperar. Por eso, este caso no puede convertirse en otro gran espectáculo de persecución penal que comienza con titulares impactantes y termina debilitado por errores procesales, acusaciones imprecisas o pruebas insuficientes.
No se trata de condenar anticipadamente a nadie. Los imputados conservan su presunción de inocencia y será un tribunal el que determine las responsabilidades. Pero precisamente por la gravedad de las imputaciones, el Ministerio Público debe construir una acusación rigurosa, comprensible y jurídicamente sostenible.
El país ya ha visto expedientes monumentales terminar en resultados mínimos. Senasa no puede repetir esa historia. La prórroga puede ser legal. Lo que resultaría imperdonable sería que, después de tantos anuncios, operativos y documentos, el peso del expediente terminara sepultando la posibilidad de hacer justicia.
