Sondeo | Por LUIS ENCARNACIÓN PIMENTEL
Ojalá esta vez se pase del dicho al hecho y que funcionarios e instituciones del Estado, hasta ahora ciegos, sordos y mudos, hagan respetar la Constitución y las leyes en materia de derechos ciudadanos. Esto, para que no quede en un mero cumplido la advertencia del ministro de Turismo, David Collado, de que los hoteles que restrinjan el acceso a las playas del país «serán sancionados».
Las violaciones al respecto, a la vista de todos, son muy viejas, constantes y en aumento. Aun cuando el joven ministro dice creer y defender el libre acceso a las playas, es ahora, tras escándalos recientes en las redes, que se anuncia la creación de una mesa de trabajo sobre el tema, integrada por Turismo, la Procuraduría y Medio Ambiente.
Este último es el facultado por ley para cuidar y proteger los litorales, pero no se conoce que haya dado un solo ejemplo con una de las tantas instalaciones turísticas que tienen vigilantes armados con escopetas para cortar el paso por la arena y el frente a todo el que no sea cliente, bajo el argumento de que «es una propiedad privada».
Privado solo es el local y su mobiliario, pero los 60 metros de arena y de frente hasta el agua son «área pública y de libre acceso», conforme a las leyes 305-68 y 64-00. Estas, como ninguna otra disposición vigente, no deberían seguir siendo letras muertas. Tampoco las que protegen a los adquirientes de apartamentos o villas en proyectos inmobiliarios y de vocación turística, como el de Nueva Romana, actualmente en la picota y en abierta y peligrosa medición de fuerzas con la Junta de Propietarios. Estos, con acciones y pasos hacia el Tribunal Constitucional, recién tocaron las puertas de Pro-Consumidor, cuyo director respondió a la impertinencia de un representante legal del proyecto, que dijo que allí «se había ido a perder el tiempo», y frustró el intento de conciliación con el envío de un equipo de inspectores el jueves y ayer viernes para comprobar en el terreno quejas y demandas no atendidas por deficiente servicio de energía, baja calidad del agua e incumplimientos contractuales.
Se ha extremado al acordar con terceros la instalación de un restaurante con acceso libre en lo que era el Club de Playas de Nueva Romana, en franca pérdida de facilidad y derechos de los propietarios. En una publicidad engañosa, todavía se oferta en la maqueta una marina que se comenzó a ofrecer desde el 2009 y de la que no se ve la primera señal. Si además de lo local, el Banco Central dice que la inversión extranjera mayor en el país ha sido en el área turístico-hotelera, con incentivos y exoneraciones oportunos, el Estado debe ser vigilante y garante firme para que, con el clima de desarrollo y los aportes extraordinarios a la economía por este renglón, nadie juegue. Freno a ventas de sueños que desestimulen la inversión en el sector.
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