El Pregonero, Santo Domingo.– La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aclaró este miércoles que las restricciones al expendio de bebidas alcohólicas establecidas en el Decreto 308-06 continuarán aplicándose durante un período de dos años, conforme a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional (TC), mientras el Congreso Nacional aprueba una legislación que regule esa materia.
A través de su cuenta en la red social X, la funcionaria explicó que la sentencia del Tribunal Constitucional otorgó ese plazo para evitar un vacío legal y permitir que el Poder Legislativo elabore una normativa acorde con la Constitución vigente.
“El Tribunal Constitucional estableció un plazo de dos años durante el cual continuará aplicándose el decreto vigente desde 2006, mientras el Congreso Nacional trabaja en una nueva ley que podrá entrar en vigor antes de ese plazo”, expresó Raful.
La ministra aseguró que el Gobierno respeta y acata la decisión del alto tribunal y afirmó que acompañará el proceso legislativo para construir una regulación moderna.
“Respetamos y acatamos su decisión. Al mismo tiempo, acompañaremos al Congreso y escucharemos a la sociedad para construir una normativa moderna, efectiva y acorde con las necesidades del país”, indicó.
Asimismo, reiteró que el objetivo del Gobierno seguirá siendo garantizar la seguridad ciudadana y la convivencia.
“Nuestro compromiso continuará siendo proteger la vida, la seguridad y la convivencia de todos los dominicanos”, concluyó.
La aclaración de Raful se produce luego de que el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia TC/0689/26, declarara inconstitucional el Decreto 308-06, que regula los horarios para el expendio de bebidas alcohólicas en colmados, bares, discotecas, casinos y otros centros de diversión.
La alta corte determinó que, aunque el decreto fue emitido válidamente en 2006, antes de la entrada en vigor de la Constitución de 2010, las limitaciones que impone actualmente deben estar establecidas mediante una ley aprobada por el Congreso Nacional y no por un decreto del Poder Ejecutivo.
No obstante, para evitar un vacío normativo que afecte el orden público y la seguridad ciudadana, el Tribunal dispuso que el decreto permanezca vigente por un período de dos años o hasta que entre en vigor la nueva legislación que apruebe el Congreso Nacional.
