La seguridad jurídica no puede ser un concepto bonito para atraer inversiones extranjeras y desaparecer cuando llegan los conflictos. Debe ser un compromiso permanente del Estado con el respeto a las leyes, a la propiedad privada y a las instituciones.
Hoy surge una pregunta inevitable: ¿está realmente garantizada la seguridad jurídica en la República Dominicana?
Cuando un inversionista decide colocar su capital en un país, lo hace confiando en que las reglas del juego serán respetadas. Confía en que los permisos otorgados por las autoridades tendrán valor, que los tribunales serán obedecidos y que el Estado protegerá los derechos que él mismo reconoce. Si esa confianza desaparece, también desaparece la inversión.
Gobernar no consiste en preservar la popularidad a cualquier precio. Gobernar significa tomar decisiones responsables, aunque sean difíciles, siempre dentro del marco de la ley y pensando en el interés colectivo. La institucionalidad nunca puede ser sacrificada por temor al ruido político o a la presión de pequeños grupos con intereses particulares.
Resulta preocupante observar cómo propietarios con registros de títulos emitidos legalmente por la Jurisdicción Inmobiliaria encuentran obstáculos para acceder a sus propios terrenos. Más grave aún es que las autoridades permanezcan pasivas mientras se producen ocupaciones que afectan derechos constitucionales.
El caso del proyecto de relleno sanitario en La Cuaba es un ejemplo que merece reflexión. El propio Estado impulsó la construcción de nuevos rellenos sanitarios para enfrentar de manera definitiva el problema de los residuos sólidos del país. Empresarios invirtieron cientos de millones de pesos en la compra de terrenos, estudios técnicos, permisos ambientales y uso de suelo, cumpliendo los requisitos exigidos por las instituciones competentes.
Sin embargo, cuando surgieron protestas de grupos opositores al proyecto, todo quedó paralizado. La incertidumbre sustituyó la seguridad que el propio Estado había prometido.
Si una inversión aprobada por las autoridades puede quedar detenida indefinidamente por la presión de terceros, el mensaje que recibe cualquier empresario es profundamente preocupante.
Las preguntas son inevitables.
¿Quién garantiza la inversión realizada?
¿Quién responde por el capital inmovilizado?
¿Quién compensa el tiempo perdido, los empleos que no se crean y las oportunidades que el país deja escapar?
También resulta preocupante cualquier situación en la que decisiones judiciales o procedimientos legales no sean ejecutados oportunamente por las autoridades competentes. El Estado no puede dar la impresión de que unas decisiones se cumplen y otras no, dependiendo de las circunstancias.
Más aún cuando el propio ministro de Medio Ambiente, Paino Abreu, ha manifestado públicamente que el proyecto cuenta con los permisos correspondientes y ha expresado no comprender por qué no se permite su ejecución, pese a la necesidad que existe de desarrollar nuevas soluciones para el manejo de los residuos sólidos.
Mientras tanto, el problema continúa creciendo. Duquesa sigue representando un enorme desafío ambiental y sanitario para el Gran Santo Domingo. Retrasar alternativas viables no elimina el problema; simplemente lo pospone, aumentando los riesgos para millones de ciudadanos.
La República Dominicana necesita seguir proyectándose como un país donde se respeta el Estado de derecho, la libre empresa y la inversión responsable. Esa reputación no se construye únicamente con discursos ni con campañas internacionales; se fortalece cuando las instituciones actúan con coherencia y hacen cumplir las leyes sin excepciones.
Porque cuando el propio Estado deja de defender los derechos que reconoce, la mayor víctima no es un inversionista en particular. La mayor víctima termina siendo la confianza en las instituciones y, con ella, el futuro del desarrollo nacional.
